El medio digital La Posta devela la información de una presunta fuente cercana al Presidente de la República, quien entregaría archivos que lo vincularía con la utilización de recursos del Estado para la campaña 7 Veces Si, consulta que llevó adelante el Gobierno de Lenín Moreno en febrero de 2018, y que fue apoyada de manera entusiasta por diversos actores políticos y económicos de la vida nacional.
«La Consulta Popular del 2018, que prometía darle palo a la corrupción, se financió de forma corrupta. Lo peor es que los aportes fueron de empresas públicas, $5 millones de dólares, según los documentos», reza el título de la denuncia hecha vía audiovisual en redes sociales. Lo grave de esta denuncia es que estaría develando el uso de fondos de empresas del Estado para financiarla.
La fuente dijo que se trataría de USD 5 millones de fondos públicos en lo que denominaron desde el medio digital como «caso arrozmoreno», y que se usó de la siguiente manera: 1.4 millones en control electoral, 30 mil en avanzada, 100 mil en acción política, 1.5 millones en brigadas, 200 mil en imprevistos, 300 mil en movilización y el millón y medio restante fue en efectivo.
La fuente agregó que «luego de que ganó el SI, hicieron la liquidación del gasto de esa campaña, pero el monto legalmente reportado al CNE no se acercó ni al medio millón». Hasta el momento, Diana Atamaint, presidenta del CNE, no presentó un informe concluyente de gastos y el plazo legal ya venció.
El dinero provendría de distintas empresas del Estado, entre ellas, Petroecuador, Enami, Astinave, Flopec, Ecuador Estratégico, Fabrec, Petroamazonas, Casa Para Todos, todos en distintas cantidades de entre 5 mil dólares y un millón, un total de USD 2,3 millones y 1 millón adicional de Celec. Se especifica que incluso hubo la figura del canje, y empresas como CNT colaboraron con las comunicaciones, y Correos del Ecuador, con 100 mil dólares en servicio de courier.
Finalmente, la denuncia concluye que el Estado en su conjunto «jugó a favor del proyecto político de Lenín Moreno» y su grupo de colaboradores. Los documentos implican directamente a Jorge Wated, ahora presidente del directorio del IESS, y Gustavo Baroja quien entregó 1 millón de dólares en efectivo para logística, David Telles, Ricardo Ron, y Eduardo Mangas, otrora mano derecha de Lenín Moreno. Se trataría al final de un proceso de desviación de fondos y maquillaje de cuentas públicas para financiar una campaña electoral.
