Quizás algún día la bulla alrededor de la prometida cirugía mayor gubernamental contra la corrupción, logre recuperar algo de lo supuestamente robado al Estado; caso contrario hasta ahora suena más a “mucho ruido y pocas nueces”. Prueba de ello es que el pueblo, según las estadísticas, ya no prioriza el asunto colocándole bajo la salud, el desempleo, la economía y la seguridad.
De que los procesos no avanzan, unos culpan a las trabas legales; otros la lentitud de la justicia; el poder y dinero tornan intocables a quienes los poseen, opinan muchos; algunos ven exageraciones en los organismos de control que encuentran sobreprecios por doquier; en varios casos hay persecución política y cacería de brujas.
El gobierno actual prometió manejar pulcramente la gestión fiscal, lo cual constituyó factor determinante para confiar en su palabra, expresada a través de la consulta popular del 2018, que aprobó con holgado margen las preguntas planteadas por el Ejecutivo, incluyendo escoger a voluntad el Consejo de Participación Transitorio, encargado de nombrar las autoridades de control estatal, pasándose sobre el mandato constitucional.
Esto fortaleció especialmente la decisión oficial para reducir al mínimo la obra pública, donde se dan los mayores actos de corrupción, así como endilgar al correísmo la ola de irregularidades, latrocinios y anomalías. La pandemia sin embargo dio el último empujón a este tramado, que ya venía tambaleándose desde tiempo atrás, no sólo a causa de los allegados al régimen sino los organismos autónomos descentralizados.
En el año que le resta de mandato al morenismo no cambiará nada, política, económica y socialmente hablando, por lo cual conviene enfocarse hacia las próximas elecciones, cuya responsabilidad es compartida entre la clase dirigente y la sociedad que la escoge.
