Las protestas contra los recortes en la educación superior de Ecuador continuaron este lunes con un plantón de docentes en Quito, donde exigieron el pago de salarios congelados desde 2019 y denunciaron más de 200 despidos.
Javier Andocilla, docente de nivelación de la Universidad Central del Ecuador (UCE), que coordina la educación preparatoria previa al ingreso en el centro académico, censuró que muchos compañeros llevan si cobrar sus sueldos desde la segunda mitad del año pasado.
«A algunos compañeros les deben el pago desde agosto de 2019, a otros desde octubre, y a la gran mayoría de docentes de nivelación nos adeudan desde diciembre de 2019», manifestó junto a varios colegas que se manifestaron hoy a las puertas de la sede de la universidad manteniendo las medidas de seguridad por la pandemia de COVID-19.
Junto a él, otros profesores sostenían pancartas en las que se podía leer «Abajo el recorte a las universidades», «No al recorte presupuestario» o «Exigimos el pago inmediato de nuestros sueldos, no al desempleo».
Andocilla lamentó que su situación se debe a «la constante reducción del presupuesto que ha sufrido la universidad ecuatoriana» y urgió al Ejecutivo de Lenín Moreno a que proporcione «respuestas» sobre su situación laboral.
En total, más de 215 docentes de nivelación de la UCE viven en la incertidumbre absoluta, sin conocer cuándo les abonarán sus salarios y con un panorama poco claro acerca de si podrán recuperar un trabajo que consideran vital, porque además de preparar a los estudiantes para el desafío universitario aseguran que ejercían una labor de orientación vocacional.
En medio de una crisis económica sin precedentes en la historia reciente del país en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Gobierno ecuatoriano tenía previsto recortar más de 98 millones de dólares a más de una treintena de centros universitarios en todo el país.
Desde que se diera a conocer la medida el mes pasado se han sucedido las movilizaciones en Ecuador protagonizadas por estudiantes, profesores y organizaciones sociales, que han asegurado que los recortes ya han provocado despidos de docentes y socavado la viabilidad de una educación superior de calidad.
La Corte Constitucional había dictado medidas cautelares y suspendido la aplicación de la reducción proyectada por el Ejecutivo en tanto resolviera los recursos de inconstitucionalidad que habían presentado estos grupos contra la medida.
A finales de mayo el alto tribunal escuchó a los demandantes, si bien aún no ha emitido una resolución e informe final al respecto.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), la reducción de asignación a las universidades se produce por la disminución del IVA y el impuesto a la renta, de los que el 80 % se destina a las instituciones.
Con todo, algunos analistas han indicado que las universidades públicas y otros centros académicos y de formación profesional en Ecuador venían denunciando reducciones en sus presupuestos desde antes de la pandemia por múltiples razones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado recientemente su «profunda preocupación» por el recorte de presupuesto a las universidades públicas en Ecuador.
El mes pasado su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) alertó de las consecuencias negativas del ajuste en el «acceso y calidad de la educación para miles de estudiantes de Ecuador», así como en los derechos laborales de docentes y personal académico.
