La inflación más alta del mundo y el éxodo más grande de América tienen un rasgo común además de ser, ambos, fenómenos venezolanos: el silencio por parte del Estado. A esa costumbre de ocultar información, que se supone pública, el Gobierno sumó un nuevo indicador en el último mes: el petróleo.
La última vez que Venezuela conoció el precio de su crudo, el 8 de mayo, se cotizaba en 13,45 dólares, un monto por debajo del costo de producción y que, sin embargo, mostraba una recuperación luego de dos meses de caída. Ahora, en medio de una pandemia y del recorte mundial de la oferta petrolera, el panorama nacional es incierto.
EL SILENCIO OFICIAL
El ministerio de Petróleo dejó de publicar el boletín de precios, que tradicionalmente se difundía los viernes, una semana después de que el país registrara la cotización más baja de los últimos 20 años, cuando el crudo se ubicó en 9,66 dólares el barril, lo que genera la incertidumbre y la preocupación del precio real actual.
Así, el país con las mayores reservas probadas de petróleo vio diezmadas sus expectativas financieras mientras se alejaba la posibilidad de que el mineral recupere la tarifa de 100 dólares, o «el precio justo», como lo considera el presidente Nicolás Maduro.
Ante el silencio del Gobierno y de la estatal petrolera Pdvsa, han ido ganando terreno las cotizaciones no oficiales que circulan en las redes sociales, según las cuales el precio del crudo local se ubica esta semana en 23,39 dólares.
Sin embargo, estas estimaciones toman como base el precio del crudo intermedio de Texas (WTI), una práctica errónea a juicio de economistas que subrayan la desconexión entre ambas cestas por la ruptura, desde hace años, de las relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos.
RECORTE Y PANDEMIA
Venezuela, que en la última década pasó de producir tres millones de barriles diarios (mbd) a cerca de 600.000 por el deterioro de la industria nacional, ha sido una de las más enérgicas promotoras de la reducción de la oferta petrolera mundial.
Por ello, el Gobierno de Maduro ha celebrado el histórico recorte alcanzado por la Organización de Países Exportadores (OPEP) junto a Rusia y otras naciones, que consiste en retirar del mercado -desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio- millones de barriles de la oferta global de crudo.
Estas medidas buscan frenar la caída de los «petroprecios» en medio de la pandemia por COVID-19 que ha dejado cerca de medio millón de muertos en el mundo y que en el caso venezolano coincidió con una escasez casi total de combustible.
La llegada al Caribe del coronavirus también coincidió con la reestructuración gubernamental de Pdvsa, que desde febrero está bajo el mando de Tareck el Aissami -sancionado por EEUU-, quien puso en marcha un aumento exponencial en el precio de la gasolina dentro del país, luego de una era de subsidio total.
UNA PRÁCTICA RECURRENTE
El Banco Central (BCV) dejó de publicar el índice de precios al consumidor en febrero de 2016 y, siguiendo órdenes del Ejecutivo, mantuvo el dato bajo custodia durante más de tres años hasta que empezaron a revelar la inflación con intermitencia y sin una periodicidad fija.
Esta falta de información se produjo mientras el país entró en hiperinflación y los precios subían a veces en cuestión de horas.
El Gobierno ha mostrado el mismo talante enmudecido frente a una migración que se desbordó en Sudamérica.
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) cerca de cinco millones de venezolanos abandonaron su país en el último sexenio huyendo de la crisis, principalmente hacia naciones vecinas como Colombia y Perú.
Ahora, con un PIB que se redujo a menos de la mitad desde 2013, Venezuela opta por silenciar el precio del petróleo pese a que sobre este producto se ha sostenido su economía en los últimos 100 años. EFE
