La mayoría de los legisladores fueron acusados por sus excolaboradores por cobro de diezmos a fin de mantenerlos en sus cargos.
El 13 de noviembre del 2018, la denuncia de sus asesores por el cobro de un porcentaje de su sueldo a cambio de mantenerse en sus cargos, conocido como diezmos, le costó su curul a la exasambleísta Norma Vallejo (Alianza Paí).
Este caso animó a otros funcionarios legislativos a delatar a sus jefes. Las acusaciones fueron recogidas por el legislador Fabricio Villamar, quien en septiembre de ese mismo año presentó una denuncia ante la Fiscalía que incluía las pruebas en contra de 13 de sus compañeros en la Asamblea Nacional.
Villamar acusó a Norma Vallejo (destituida por la Asamblea y procesada por la justicia), Karina Arteaga (el pedido de destitución fue calificado el pasado febrero por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea pero la comisión para investigarla no ha sido integrada), Vanessa Fajardo (exasambleísta), Ángel Vilema (exasambleísta), Johana Cedeño, Juan Pablo Velín, María José Carrión, Fernando Burbano, María Alejandra Vicuña (destituida cuando ya ocupaba el cargo de vicepresidenta de la República), Marcia Arregui, Teresa Benavides, Washington Paredes y Sebastián Palacios.
En denuncias independientes, colocadas de forma directa por sus excolaboradores, pero también por el supuesto cobro de diezmos, fueron acusados los legisladores Tito Puenchir, José Serrrano, Raúl Uquilla, Ángel Gende, Fernando Flores y Ana Galarza (destituida por este motivo).
Pero ¿qué ha pasado con estos procesos? Exceptuando los tres que terminaron en destitución, Fabricio Villamar señala que “duermen el sueño de los justos”, pues pese a que periódicamente consulta a la Fiscalía sobre el avance de las investigaciones, la última respuesta que recibió es que sus acusaciones no pasaron de la etapa preprocesal.
Adicionalmente son investigados por el incremento injustificado de su patrimonio los asambleístas Alberto Arias y Marcia Arregui; por presunto tráfico de influencias se indaga a Elizabeth Cabezas (acusada por supuesta negociación para impedir que llegue al pleno de la Asamblea el caso Ina Papers, en el que supuestamente está involucrado el presidente Lenín Moreno) y Alberto Zambrano. Hermuy Calle fue acusado e incluso destituido por la Contraloría por uso indebido de bienes públicos, pero sigue en el cargo.
El asambleísta Fabricio Villamar solicitó actos urgentes para que @FiscaliaEcuador investigue el supuesto aporte de las empresas públicas en la campaña de la consulta popular del 2018.
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A estos procesos se une el recientemente iniciado por delincuencia organizada en contra de Daniel Mendoza, que estaría involucrado en las irregularidades detectadas por Fiscalía en la construcción del hospital de Pedernales.
Además, pese a que no es un tema nuevo, pues Santiago Cuesta, exconsejero del presidente Moreno, así como Carlos Pérez, exministro de Hidrocarburos, admitieron públicamente que los asambleístas pedían cargos a cambio de votos. Este tema tampoco ha sido investigado, pese a las pruebas presentadas por la Comisión Nacional Anticorrupción. (ASM)-(I).
Institucionalizan la impunidad
Una lista recientemente publicada sobre el supuesto canje de votos en la Asamblea Nacional por cargos públicos despertó a los legisladores correístas, quienes se han abanderado en la lucha contra estos actos de corrupción.
Empero, el analista político Napoléon Saltos advierte que lo que ocurre hoy es el resultado de los mecanismos de acaparamiento de los órganos de justicia y de control que se inició en el Gobierno de Rafael Correa, pero sobre todo de la institucionalización de la impunidad a través de reformas legales con las que se legalizó la corrupción.
“Existen etapas en la historia de la corrupción en el país. Con Sixto Durán se evidenció algo que hasta hoy existe y es la vinculación de familiares; con Abdalá Bucarám se instituyó el cobro normalizado de coimas; pero en los últimos 13 años se ha visto algo nuevo, que es la delincuencia organizada, la mafialización de la política, no hay partidos, sino mafias, grupos de interés, de la que forman parte también los que estuvieron antes, que no pueden pretender luchar solo contra la corrupción de los otros”, advirtió Saltos.
El 10% se pedía por contratar en la época de Abdalá Bucaram, otros gobiernos pedían 25%, ahora los sobreprecios superan el 300%, señaló Saltos. (I).
