OPINIÓN|
La necesidad de superar la situación actual de anomia moral y jurídica de la sociedad nacional, con el proceso electoral a las puertas nos lleva a plantearnos la urgencia del cambio integral, claro que este proceso comienza en cada uno de nosotros, porque se debe promover la participación real de la sociedad civil y que todos asumamos la cuota de responsabilidad que nos corresponde. Para comenzar, se debe superar el modelo de los monopolios y oligopolios estatales o privados, para abrir la vía de la economía social de mercado, con la real participación ciudadana. Es prioritario el cambio integral de la conciencia ciudadana, se requiere de personas honestas en la conducción y trabajo cotidianos.
Partiendo de esta transformación, debemos con urgencia elaborar y aprobar una nueva Constitución que consagre el Estado de Derecho cuya columna vertebral sea el trabajo como fuente legítima del patrimonio y por consiguiente se garantice la plenitud de los derechos humanos de manera efectiva y no como simple declaración de la demagogia populista.
Se requiere de preceptos precisos de control constitucional y reformar el sistema de protección de los bienes jurídicos como la vida, el trabajo y la propiedad. En consecuencia, en lo político, superar el hiperpresidencialismo del texto normativo porque liquida el Estado de Derecho y en lo penal, el malentendido garantismo, que pone énfasis en la protección de los infractores y se desprotege a las víctimas de los delincuentes. Tan absurda concepción, hace posible por ejemplo la libertad anticipada cuando se ha cumplido un porcentaje de la pena o que se proceda en general a disminuir los años de reclusión. Vemos como funcionarios públicos, sometidos a medidas cautelares ejercen sus cargos. Absurdo. Recordemos que la Justicia es la premisa Jurídica de legitimidad normativa y columna vertebral de la convivencia social. (O)