EDITORIAL|
Analistas independientes, alertaron en días pasados a cerca de la profunda crisis que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social IESS, entidad que vale la pena recordarlo, pertenece a los afiliados y pensionistas, pero que, lamentablemente, ha sido considerada abusivamente por los diferentes gobiernos, como si fuera parte del sector público.
La crisis por la que atraviesa el IESS, se debe a múltiples factores, en los cuales la mala gestión administrativa, que ha venido sucediéndose desde hace algún tiempo, ha llevado a una descapitalización acelerada de los fondos previsionales, a tal punto que según los análisis hechos públicos desde sectores independientes a la administración del organismo, peligraría el pago de las pensiones jubilares y otras prestaciones en un corto plazo, si es que no se adoptan medidas urgentes, como es por ejemplo que el Estado entregue, como es su obligación constitucional y legal los recursos que adeuda en cuanto a su aporte anual al Instituto.
Estos aportes sufrieron un golpe de gracia durante la pasada administración de Rafael Correa, cuando este modificó la obligatoriedad de entregar esos aportes, por una discrecionalidad en dicha cancelación. A ello debe sumarse el despilfarro de recursos que se registró mediante un crecimiento inorgánico de las prestaciones de salud, sin contar previamente con los sustentos económicos para el efecto, lo cual por un lado disminuyó sensiblemente la calidad de los servicios médicos y de salud que el IESS ofrece a sus afiliados y pensionistas.
El fenómeno de la corrupción, consecuencia directa del manejo politizado de las administraciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, constituye finalmente el golpe de gracia que causaría un eventual colapso de los fondos para los jubilados y pensionistas del Instituto, situación agravada por la presente pandemia que ha dejado sin empleo a centenares de miles de trabajadores y empleados que aportaban al Instituto.
