La audiencia de apelación de los sentenciados en el caso de corrupción en Ecuador llamado «Sobornos 2012-2016», entre los que se cuenta el expresidente Rafael Correa, comenzó este miércoles en Quito, si bien los jueces la interrumpieron al poco tiempo de iniciarse para «materializar el derecho a la defensa».
«Apenas instalada la audiencia de apelación a la sentencia por cohecho –y ante los reiterados pedidos de varios abogados defensores de los sentenciados, quienes señalaron no haber recibido la sentencia íntegra– el Tribunal suspendió la diligencia», informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
Los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán decidieron en ese sentido entregar a cada uno de los abogados la sentencia de primera instancia en su totalidad, con el fin de «precautelar el derecho a la defensa» ante cualquier alegato futuro.
Y agregaron que «la fecha y hora para la reinstalación de la audiencia se notificarán en los próximos días».
En la audiencia, celebrada en la Corte Nacional de Justicia, participó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, artífice de una condena el pasado 7 de abril que podría llevar a prisión a altos miembros del Gobierno de Correa por el delito de cohecho, como coautores o como cómplices, dependiendo de cada caso.
Tanto el exmandatario (2007-2017) como su vicepresidente, Jorge Glas, recluido por otro caso de corrupción, fueron condenados en la trama de sobornos para la financiación ilegal de su movimiento político, el izquierdista Alianza País.
De ser refrendada en instancias superiores, la sentencia impediría a Correa -que reside en Bélgica desde 2017 y está requerido por la justicia ecuatoriana– volver a participar en la política de su país dado que en su caso la condenada es por cohecho.
RED DE CORRUPCIÓN
La diligencia de hoy la impulsaron 20 de los 21 condenados en ese proceso, como primer paso para tratar de conseguir la anulación de un veredicto que consideran fruto de una «persecución política» por parte del actual Gobierno de Lenín Moreno, a quien auparon al poder en 2017, pero con el que Correa se enemistó unos meses después del traspaso del mando presidencial.
En la sentencia del caso se habló de una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual se recibieron «aportes indebidos» en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular de Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.
La sentencia íntegra fue publicada en el Sistema Informático de Trámite Judicial el pasado 27 de abril, tras lo cual debía haber sido enviada a los abogados defensores.
Una portavoz de la Corte Nacional de Justicia indicó que el Tribunal decidió que «para materializar el derecho a la defensa» ponía a disposición «de los sujetos procesales la sentencia para que se prepare adecuadamente la defensa».
El inicio del recurso de apelación también se había visto en entredicho a raíz de las peticiones de dos abogados, entre ellos el de Correa, Fausto Jarrín, para que fuera cancelada por haberse contagiado de coronavirus.
Los jueces decidieron, sin embargo, que esa no era razón suficiente para aplazar el inicio del recurso, por lo que Jarrín fue sustituido por otro abogado. EFE
