Asambleísta (Revolución Ciudadana)
.- Usted denunció hace ocho meses el supuesto aporte de empresas públicas a la campaña por el sí en la Consulta Popular del 2018, ¿por qué recién le llaman a comparecer?
Por tratar de posicionar un tema mediático, porque se filtró la información a través de un portal periodístico que presentó documentos que estaban dentro de mi denuncia, que señalaba que mientras el Gobierno dice que no cuenta con recursos para nada, se hizo que USD 5’483.750 se desvíen de las empresas públicas para una campaña.
.- En el portal dicen que el tema salió a la luz con ellos, porque lo suyo fue una denuncia de dos líneas, ¿usted presentó pruebas?
La ignorancia es audaz, no leen los adjuntos, solo muestran el recibido. Yo presenté pruebas para sustentar el peculado. Ahora la pregunta es cómo consiguieron mi denuncia o ellos le hacen el trabajo de investigación a la Fiscalía o la Fiscalía les entregó la documentación para que la saquen cuando les convenga.
.- ¿Cree que hay presiones del Gobierno para que no se investigue?
El presidente (Lenín Moreno) ha dicho que caiga quien tenga que caer, pero el principal denunciado es él, porque la disposición se da desde el buró de Gobierno al buró de campaña, dirigido por Jorge Wated y Gustavo Baroja. Cuando en la Fiscalía se trata del Gobierno no se ve la misma agilidad que cuando son sus opositores políticos. Van 490 días de impunidad desde que se puso la denuncia sobre el caso Ina Paper, 289 días en la consulta mañosa y no se ha realizado ni un allanamiento, pero en el caso “bochornos” van 338 días y ya se tiene una sentencia.
.- ¿Usted ha insistido para que Fiscalía le dé respuestas?
Le insistía, porque desde agosto del 2019 la fiscal Diana Salazar ya no me recibió y antes me decía que la investigación es reservada, a pesar de que era el acusador
.- ¿Usted ve la similitud de este caso con el que inicialmente se llamó Arroz Verde; antes fueron las empresas privadas las que aportaron, ahora serían la públicas?
Por supuesto que no. Se habla de 23 millones de aportes, pero en realidad el presidente Rafael Correa fue sentenciado por un préstamo de USD 6.000, provenientes de los salarios de los funcionarios. No es lo mismo, porque eso fue un show mediático, juzgaron en los titulares y no en los tribunales.
En la sentencia se dijo que el presidente aplicó un influjo psíquico a los funcionarios, acá estamos hablando de pruebas, es documentación que está dentro de las empresas públicas. Tratan de igualar los dos casos, no son lo mismo, aquí no hay arroz de nada.
.- ¿No le parece extraño que para ustedes muchas de las personas que están en el actual Gobierno eran de manos limpias hasta hace tres años?
No éramos de manos limpias, somos de manos limpias. Los que ahora son investigados son los oportunistas, traidores, nos engañaban al decir que creían en el proyecto político, cuando estaban por conveniencia. No somos lo mismo, ellos son los que se quedaron con el principal traidor, Lenín Moreno, desde el principio anunciamos el pacto con el bucaramato. Los corruptos siempre fueron ellos.
.- Pero la Comisión Anticorrupción dice que el reparto de hospitales es de hace más de una década ¿cómo no están involucrados ustedes?
El reparto es de ahora, del Gobierno de Moreno. Nosotros en el 2017 denunciamos el reparto de las hidroeléctricas y CNT a los Bucaram y compañía, y ahora en el 2020 no saben quién les dio los hospitales. Si repartieron tiene que haber un repartidor. ¿Quién le dio el poder a Daniel Mendoza? Debió tener la venia y disposición de alguien superior.
.- ¿Cuál es su plan B si la Contraloría logra que se elimine a Fuerza Compromiso Social?
No hay plan B, eso sería un atentado a la democracia. El pueblo ecuatoriano no debe permitir ese tipo de acciones, sobre todo por injerencia ilegal y amenazante de un seudocontralor (Pablo Celi), que usurpó el puesto y ha sido denunciado de recibir dinero en maletines, que le quitó las glosas a Odebrecht, que tiene un sobrino detenido en Estados Unidos. Qué tipo de solvencia moral puede tener.
“El odio, el rencor y el afán de venganza con el que gobiernan los ha llevado a usar a la Contraloría y a la Fiscalía para perseguirnos”
USD 5’483.750 habrían emitido en facturas las empresas públicas por pago de servicios que en realidad fueron a la campaña de la consulta.
