OPINIÓN|
La decisión del Contralor Pablo Celi de destituir y multar a la Presidenta y dos vocales del Consejo Nacional Electoral, por no haber eliminado a cuatro movimientos políticos que supuestamente habrían cometido irregularidades en las firmas para su inscripción, marca el inicio de una nueva pugna interinstitucional dentro del Estado ecuatoriano.
Una pugna cuya causa de fondo tendría que ver con el hecho de que en el país no se ha dado una verdadera reinstitucionalización del Estado. Se ha confundido” descorreización” con reinstitucionalización; pues esta última no significa que las instituciones deben dejar de ser correístas y que pasen a depender de los nuevos detentadores del poder político, o del Gobierno de turno. Una auténtica reinstitucionalización implica que las instituciones u órganos del Estado (especialmente los órganos de control) deben ser independientes de cualquier interés político partidista.
En este escenario la Contraloría no debe ser ni correísta (como era antes), ni anticorreísta (como pretendería ser ahora). Más específicamente el actual Contralor, de origen correísta cuando fue Subcontralor en el época del Contralor Carlos Polit, devino al igual que muchos funcionarios correístas en un furibundo anticorreísta durante el Gobierno de Moreno; una situación que daría pábulo, precisamente, a la interpretación de que su presión sobre el CNE estaría dirigida a sacar del juego electoral al movimiento “Fuerza compromiso social”, que hoy cobija al correísmo y que, al igual que los otros movimientos cuestionados por el Contralor, ya han participado antes en varias elecciones
Legalmente el Contralor tiene como función ser un juez de cuentas, que debe vigilar el uso debido de los recursos públicos. No es de su incumbencia, ni nunca lo ha sido, decidir sobre el reconocimiento legal de las organizaciones políticas. Por lo demás, no puede negarse al pueblo la posibilidad de que sea éste el que decida democráticamente, en las urnas, el fin de correísmo.
Y en lo que respecta a sacar del CNE a los tres consejeros de mayoría, si bien estos han recibido ciertamente cuestionamientos; empero, su salida tiene que ser el producto de un debido proceso político o legal, contemplado en la Constitución y en las Leyes del Ecuador. (O)
