La Contraloría General del Estado, ha señalado que sancionará a tres de los vocales del Consejo Nacional Electoral, incluida en ella la Presidenta del organismo, debido a que, según el organismo de control, se habría inobservado la exigencia de que algunas agrupaciones políticas sean eliminadas del registro respectivo, por haber incurrido, según la contraloría en diversas anomalías , las cuales no han sido acatadas, según el personero de ese organismo, por los vocales del CNE, hoy incursos en estas sanciones.
Por su parte, la Presidenta y miembros del Consejo Nacional Electoral, han respondido que no es atribución constitucional ni legal de la contraloría General del Estado, sancionarlos por una supuesta inobservancia a sus peticiones, y que de tal manera se trataría de una intromisión del organismo de control en atribuciones de estricta competencia del CNE, como es la calificación y eliminación de las agrupaciones políticas inscritas en el respectivo registro.
Además, argumentan los citados miembros del CNE, que ellos no calificaron dentro de su gestión a las agrupaciones políticas que la Contraloría exige eliminar, ya que habrían sido calificadas por el anterior organismo eleccionario. Sin embargo, la Contraloría insiste en sancionar lo que considera un desacato a las observaciones emanadas por el organismo de control. Este impase revela a las claras que dentro de las actuaciones del CNE, han existido algunas, que de hecho son polémicas, entre las cuales estaría el hecho de que no hayan adoptado ninguna resolución respecto a las agrupaciones políticas cuestionadas porque, supuestamente habrían sido calificadas mediante firmas de ciudadanos que no se obtuvieron, supuestamente, por medios lícitos, es decir solicitando a los ciudadanos, sino mediante la compra de firmas, de acuerdo a lo que sostiene la Contraloría General del Estado que auditó esas supuestas anomalías, fenómeno que al parecer ha sido una práctica común en diversos movimientos partidistas, grave falta de ética y por supuesto un delito punible.
