OPINIÓN|
Para todas las actividades, servicios o producción, es necesario organizarse y según los casos consultar a la sociedad civil como a quienes se encuentren afectados por los problemas que se susciten, o cuando se trata de lograr la estabilidad y progreso de la colectividad. En días pasados se anunció que en función de solucionar los problemas financieros del IESS, en especial de las prestaciones de salud y jubilación, es necesario aumentar el tiempo de la actividad laboral, incrementar el porcentaje de aportación, según los niveles de los ingresos, todo en orden de la disponibilidad de recursos destinados a cubrir los costos respectivos, planificando y garantizando la idónea sostenibilidad de las mismos y la necesaria depuración del sistema.
Se debe tener presente que la prestación de salud del seguro social está pre pagada y la Jubilación es un derecho adquirido y financiado con los aportes acumulados durante la vida activa de los afiliados. Por tanto fluye la necesidad de transparentar su manejo financiero. La Contraloría del Estado y la Fiscalía deben actuar de inmediato y poner las cosas en claro. En el fondo del proceso, es imperioso proceder a la organización de los afiliados y jubilados para preservar sus derechos, en este sentido el Consejo Nacional del IESS debe integrarse por los representantes elegidos directamente por los jubilados, trabajadores y empleadores, tema a decidir mediante la respectiva Ley. No se puede seguir con la anomia moral, administrativa y legal que permite o soslaya el daño causado a los millones de ciudadanos y familias enteras por el virus mortal de la corrupción, clavado, en la médula institucional del estado.
Por tanto, el primer paso está dado por la iniciativa ciudadana, que exige la organización y el cambio profundo del sistema institucional, para lo cual una nueva Constitución es la clave del proceso. (O)