Sindicatos, empresarios y la Defensoría del Pueblo cuestionaron este jueves la constitucionalidad de la denominada Ley de Ayuda Humanitaria, aprobada en plena emergencia sanitaria por COVID-19 para paliar la crisis económica agudizada por la pandemia.
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOUT), una de las principales centrales sindicales del país, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Ecuador contra dicha legislación.
Para los sindicatos, se trata de una ley «ilegal e ilegítima», que supone una afrenta a los derechos de los trabajadores y «obliga al pueblo a salir a las calles, por hambre y desempleo», indicó la CEDOUT en su perfil oficial en Twitter.
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Para el sector obrero, la ley vulnera derechos y atenta contra los principios constitucionales de los trabajadores.
Aprobada el mes pasado por la Asamblea Nacional, uno de sus puntos más polémicos es el despido de trabajadores por la causal de fuerza mayor o caso fortuito, que estarán ligados al cese total o definitivo de la actividad económica del empleador.
Expertos legales también señalan que la norma favorece los acuerdos entre empleadores y empleados a fin de conservar puestos de trabajo, y que el propio empleador, por ejemplo, podría contabilizar como días de vacaciones jornadas no trabajadas en el marco de la emergencia sanitaria.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, dio a conocer hoy que la Defensoría presentó ante la Corte Constitucional su propia acción de inconstitucionalidad contra la legislación.
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El objetivo es impedir que la reducción de salarios y los despidos por fuerza mayor se concreten en el país.
En el otro extremo, una parte del sector empresarial, en concreto la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores), presentó una acción que cuestiona los cambios introducidos a la ley antes de su aprobación por el Parlamento.
El presidente ejecutivo de Expoflores, Alejandro Martínez, informó que hoy se entregó una demanda de inconstitucionalidad a la legislación.
En ese sentido, para el sector empresarial las enmiendas introducidas para los despidos por fuerza mayor afectarán igualmente a la generación de empleo.
El Comité Empresarial Ecuatoriano adelantó que la próxima semana tiene previsto interponer un recurso contra el Gobierno de Lenín Moreno por su manera de conducir la política económica durante la emergencia sanitaria.
La pandemia de la COVID-19 ha dejado en Latinoamérica y el Caribe un récord histórico de 41 millones de desocupados, agravado además por los altos niveles de informalidad que han impedido que las medidas de protección adoptadas por sus Gobiernos funcionen a cabalidad.
Así lo reveló el miércoles el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, Vinicios Pinhero, quien subrayó que el confinamiento y el cierre de las economías de la región han causado «un récord histórico, la cifra más alta de desocupación», desde que hay registros. EFE
