OPINIÓN|
Los entendidos -y los hay muchos, incluidos los politólogos y un vasto etcétera- siempre han afirmado -con o sin razón- que las elecciones no se ganan en las urnas sino en los organismos electorales. De ser así, ¿en qué queda el derecho a elegir? -derecho humano fundamental- ¿en qué?, pues, desde esa absurda postura, queda en pindingas, esto es en ese punto en que el desconcierto no nos permite encontrar la respuesta adecuada a esa inquietante pregunta. Se dice que varias de nuestras últimas elecciones se habrían ganado exclusivamente en dicho organismo, afirmación que de ser cierta probaría que nuestros votos no decidieron nada, y que por tanto el C.N.E. sería la capilla ardiente en que se veló nuestro derecho a elegir.
A propósito de elecciones, hay que destacar dos hechos que son reveladores y están íntimamente ligados: la proximidad de las elecciones presidenciales y el conflicto jurídico que ha puesto frente a frente al Contralor y a los Vocales del C.N.E., casualmente en un momento crucial como el presente. El primero ha declarado la ilegalidad en la inscripción de ciertas agrupaciones políticas, en razón de que se habría inobservado la normativa jurídica atinente. Los segundos, en cambio, sostienen que una vez aprobado el calendario electoral, -en el que consta la participación de tales agrupaciones – éste no puede ser alterado por ninguna autoridad. Tanto uno como otro amenazan con su respectiva destitución.
Así las cosas, el asunto toma un sesgo altamente peligroso que amenaza a la normal continuación del proceso electoral. Frente a esas divergencias es imperativo que nos preguntemos: ¿Será coincidencia? o, ¿a quién beneficia? Más allá de ese sospechoso laberinto, aspiramos a que en esta vez nuestro voto -por cierto soberano- sea el que decida la próxima elección presidencial. (O)