Mafias no solo facilitan la compra de vehículos, sino la jubilación y obtención de becas.
A Manuel (nombre protegido por temor a represalias en la institución pública en la que trabaja) la discapacidad de su hija le sensibilizó cuando ella nació hace 21 años.
Por eso ha trabajado de forma directa con sus compañeros que tienen una situación similar y pudo detectar, en 2011, los dos primeros casos de jubilaciones simuladas, que se lograron a través de la compra del carné, que en ese entonces lo emitía el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) y que ahora es responsabilidad del Ministerio de Salud.
“Es un secreto a voces lo que pasa en las instituciones públicas. No existe control. Incluso los compañeros que se benefician de esto lo comentan sin ninguna vergüenza y dan la referencia de quien les ayuda. En Quito son un grupo de abogados que tienen hasta tarifario. Si la jubilación es con el sueldo básico, el carné de discapacidad y el trámite de jubilación le cuesta de USD 2.000 a USD 3.000, pero si tiene un cargo directivo, puede llegar a los USD 7.000”, explicó Manuel.
Cristian Salinas, consejero nacional en Discapacidades, explicó que el carné, en este caso sirve para las dos modalidades de jubilación, por invalidez, que implica un accidente laboral en el que se pierde alguna capacidad, y por discapacidad, que permite jubilarse con 25 años de aportes, sin importar la edad cronológica.
En los dos tipos conoce de casos de irregularidades. Hace cinco años, en Guayaquil, se alertó sobre la entrega ilegal de carnés, pero no conoce sobre los avances en la investigación.
Salinas señaló que, aunque en el caso de un salario básico la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no sobrepasa los USD 270 dólares (68% del promedio de las remuneraciones recibidas), lo cual podría ser poco para que una persona subsista, el verdadero negocio radica en que estas personas, como en realidad no poseen ninguna discapacidad, pueden seguir trabajando.
“Las personas piden que no les afilien, para no ser detectados, o cobran con factura, esto sería fácilmente detectable si el IESS y el SRI (Servicio de Rentas Internas) cruzan su información, pero no lo hacen y permiten que esto suceda”, explicó Salinas.
Aunque las irregularidades también abarcaban a la obtención de becas, Andrés Jiménez, que logró concluir en el 2016 sus estudios superiores con una beca completa.
Afirmó que en esta área los tramitadores perdieron el interés desde el 2017, cuando la potestad pasó a las universidades y dejaron de ser completas, ahora máximo las entregan del 40%.
En el Ministerio de Salud informaron que varios de los 2.281 carnés que fueron entregados de manera irregular y que están en proceso de anulación, fueron usados para obtener la jubilación o las becas, pues no solo sirvieron para la importación de vehículos.
En el ilícito están involucrados funcionarios y exfuncionarios. La Fiscalía y la Contraloría también anuncian investigaciones. (ASM)-(I).
La odisea de los que no tienen «padrinos»
Aunque para Alexandra Montalván conseguir un carné en el caso de las personas con discapacidad es una odisea, ella ha esperado por casi 10 años a que le otorguen el suyo por problemas en su cadera.
Dice que para quienes tienen enfermedades raras o huérfanas, esto se vuelve imposible.
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A pesar de que pagando de su bolsillo logró un diagnóstico de la enfermedad de su hija en el hospital Metropolitano en Quito, esto no fue suficiente para obtener el carné de discapacidad por poseer artritis reumatoide, que posteriormente fue cambiada por lupus, tras exámenes adicionales.
“Me dicen que a mi hija la enfermedad todavía no la ha dejado discapacitada, pero no consideran cuánto he luchado para que eso no pase. Han sido gastos que han acabado con la economía familiar. Con lo que ahora, pasa veo que las personas que hacemos bien las cosas solo aguantamos humillaciones, malos tratos, decenas de exámenes y citas en vano, porque el carné se ha podido comprar fácilmente”, afirma indignada. (ASM)-(I).
