La comunidad indígena Kumay, de la etnia shuar de Ecuador, liberó este domingo a dos policías y una funcionaria pública, retenidos el pasado jueves como forma de presión para que el Gobierno entregue el cuerpo de uno de sus líderes, Alberto Mashutak, fallecido por coronavirus.
Federico Catán, presidente de la comunidad, confirmó que los dos policías y la funcionaria de la Gobernación de la provincia amazónica de Pastaza, Claudia Heredia, fueron liberados luego de que la comunidad recibiera el cadáver de Mashutak, quien había sido enterrado en otra localidad.
«Los hermanos policías que han sido retenidos por la comunidad han sido liberados sanos y salvos«, agregó Catán en un mensaje difundido por la Gobernación de Pastaza, al confirmar que su comunidad ha recibido el cuerpo del líder fallecido.
«Creo que la lucha de la nacionalidad shuar se ha logrado», añadió tras agradecer a la fuerza pública por haber ayudado a encontrar una solución a la demanda comunitaria de recibir el cadáver de Mashutak.
De su lado, Heredia, que permaneció retenida estos tres últimos días, aseguró que el periodo de retención fue «largo», aunque destacó el buen trato recibido por parte de los indígenas.
«Nos dieron alimentación, un lugar donde estar, no recibimos malos tratos físicos ni tampoco agresiones verbales», agregó Heredia y dijo que la comunidad demandaba la entrega del cuerpo de Mashutak, por haber sido uno de los fundadores del pueblo de Kumay.
De su lado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien había calificado de «secuestro» la situación de los policías y la funcionaria, confirmó la liberación.
«Liberados ya los ciudadanos secuestrados en Pastaza», escribió Romo en su cuenta de Twitter y cuestionó que durante el suceso se haya producido una aglomeración de indígenas, pese a que se encuentran vigor medidas de distanciamiento físico en el marco de la lucha contra la pandemia de la COVID-19 en el país.
El Ministerio de Salud «incrementa sus alertas en la zona, La aglomeración de quienes retenían a los secuestrados fue de aproximadamente 600 personas», añadió Romo.
Los policías y Heredia habían acudido a la comunidad de Kumay para atender una situación de incidencia intrafamiliar, pero cuando intentaron salir del lugar fueron retenidos por los comuneros.
Según ha indicado la Gobernación de Pastaza los indígenas exigían la entrega del cuerpo del dirigente fallecido por COVID-19 y que fuera enterrado en la localidad de Mera, donde había muerto.
La ministra de Gobierno explicó el pasado viernes que el entierro de las víctimas de COVID-19 se ejecuta bajo un protocolo estricto, que sigue las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, a fin de evitar riesgos de contagio. EFE
