La publicación especializada en economía y finanzas, Nasdaq, junto a los periodistas de Reuters, Tom Arnold y Karin Strohecker acaban de publicar un artículo que explicaría cómo se desarrolla un nuevo capítulo de la reestructuración de la deuda externa comercial que el gobierno de Lenín Moreno anunció como una operación cerrada exitosa.
La prestigiosa publicación tuvo acceso a fuentes cercanas al grupo de acreedores que piden revisión de lo ofrecido por el Ministerio de Finanzas, y se advierte que este grupo de más de 25 inversionistas institucionales, están solicitando que Ecuador firme un acuerdo con el FMI con base en la reestructuración de deuda privada, de manera que se puedan asegurar las condiciones macroeconómicas que permitan la recaudación de los recursos, todo esto teniendo en cuenta que Ecuador cambiará de Gobierno a principios de 2021.
Los tenedores de bonos de Ecuador hicieron una contraoferta en una renovación de deuda de USD 17.4 mil millones, de los cuales el 67 % fue deuda tomada por el gobierno de Lenín Moreno. Dos grupos de tenedores de bonos ecuatorianos han propuesto términos de reestructuración revisados al Gobierno mientras busca llegar a un acuerdo
Nasdaq asegura que un comité directivo que incluye a Amundi, Contrarian Capital Management, Grantham Mayo Van Otterloo & Co y T Rowe Price Associates, que representa a un grupo de más de 25 inversionistas institucionales y un grupo ad hoc de tenedores de notas con vencimiento en 2024, ha dicho los términos deben ser mejorados, y ellos tienen participaciones de más del 25% en ciertas series de bonos y más del 35% en otras, dijo el comité, asesorado por BroadSpan Capital y UBS, en un comunicado el lunes.
El gobierno necesita obtener la aprobación de dos tercios de la mayoría agregada de los tenedores de bonos, o el 75% en el caso de los bonos 2024, para impulsar un acuerdo. Eso desencadenaría cláusulas de acción colectiva, diseñadas para ayudar a impulsar una reestructuración ordenada de la deuda al requerir que solo la mayoría de los acreedores acuerden cambiar los términos de pago o la reestructuración.
Según el acuerdo actual, 10 bonos existentes con vencimiento entre 2022 y 2030 se cambiarían por tres bonos con vencimiento en 2030, 2035 y 2040, con un recorte nominal del 9,2% en el valor nominal de los bonos, recortando USD 1.7 mil millones del principal adeudado.
El comité directivo para el grupo de más de 25 inversionistas institucionales y un grupo ad hoc de tenedores de notas con vencimiento en 2024 propuso que se aplicara un recorte de capital del 10% al principal pendiente de los nuevos bonos. Sin embargo, los nuevos bonos intercambiados por los bonos 2024 existentes no estarían sujetos a ningún recorte principal, se dijo en el comunicado.
El comité propuso una extensión de los vencimientos de los bonos existentes en los nuevos bonos, con el vencimiento final más temprano en 2030. La amortización comenzaría en 2026. En abril, el gobierno llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos para retrasar los pagos de intereses hasta agosto, ya que la caída del petróleo y el coronavirus pesaron sobre las finanzas públicas.
Quito dijo la semana pasada que planeaba lanzar formalmente una solicitud de consentimiento sobre la renovación de la deuda en el corto plazo. «El SC (comité directivo) sigue participando en discusiones de buena fe con las autoridades ecuatorianas y espera tener un acuerdo de principio en el muy corto plazo», se agregó en el comunicado.
Según reportan Tom Arnold y Karin Strohecker, Tiago Severo, vicepresidente de investigación económica de América Latina en Goldman Sachs, dijo que el alcance para el ajuste en la oferta del Gobierno, «no era grande dada la desafiante situación fiscal y macroeconómica».
Llegar a un acuerdo con los acreedores para agosto fue una línea de tiempo realista, dijo una fuente familiarizada con el pensamiento de los acreedores. «Existe la urgencia de lidiar con la situación: la crisis en el terreno es bastante grave, por lo que eliminar la incertidumbre es bastante importante», dijo la fuente.
«Además, se celebrarán elecciones el próximo año en Ecuador y si el gobierno no trata responsablemente la deuda y llega a un acuerdo con el FMI sobre la base de la reestructuración con el sector privado, eso podría crear un verdadero caos político en el país», añadió la fuente cercana a los acreedores.
Los periodistas de Reuters dijeron que el Ministerio de Finanzas no respondió a la solicitud de ese Medio de expresarse al respecto.
