Jueces con grados de discapacidad que van del 21% al 100% es lo que se conoce de un informe preliminar que los vocales del Consejo de la Judicatura han recibido, hasta el momento, de la investigación que el pasado 3 de julio lo ordenó el pleno del organismo, para definir la presunta obtención irregular de carnés de discapacidad por parte de servidores judiciales.
Juan José Morillo, vocal de la Judicatura, puntualizó que es parte de este informe previo la existencia de 316 servidores judiciales que tienen ese tipo de carnet. De estos, 98 son jueces y 16 notarios.
De estas personas, un juez tiene el 100% de discapacidad, 4 jueces superan el 80%, 5 magistrados tienen grados del 61% al 70 %, 14 jueces del 51 % al 60 %, 23 jueces del 41% al 50 %, 21 funcionarios del 31 % al 40 % y 7 magistrados del 21 % al 30 %.
Los tipos de discapacidad registrada son: física (43), intelectual (13), visual (22), auditiva (13), psicológica (1) y de lenguaje (1). Diez personas no tienen registrado el problema que poseen.
Sobre las provincias en las que estos jueces desempeñan su trabajo, 20 están en Guayas, 14 en Pichincha, 4 en Azuay, 4 en Manabí y 3 en Cañar.
Notificaciones
Según Juan José Morillo, con base a estos datos obtenidos del área de Talento Humano, se notificó a los servidores judiciales para que hasta el pasado lunes remitan copia de su carné para justificar la supuesta discapacidad que sufren.
Además, se planifica solicitarles una actualización de los exámenes médicos con los que obtuvieron el documento.
El uso del carné de discapacidad que más se ha conocido en los últimos días es para la importación de vehículos, principalmente de alta gama. Los magistrados no están exentos de este tipo de prevenda.
De los 28 servidores judiciales que han accedido a este beneficio, 11 son jueces, de acuerdo con la información remitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).
Otros fines
Pero dentro de la Judicatura habría otro tipo de beneficio que habrían obtenido estas personas por poseer el carné de persona con discapacidad, y es que para los concursos de méritos y oposición que ha desarrollado la institución desde el 2014, se adjudicaban puntos adicionales a quienes presentaban el documento, como parte de las acciones afirmativas. Aunque el beneficio incluso les habría cobijado posteriormente.
“Necesitamos establecer con qué fin se obtuvo ese carné, pudo ser para obtener esos puntos adicionales, pero incluso pudo ser para mantenerse en el cargo, pues para la Judicatura y para cualquier institución pública es prácticamente imposible remover a una persona con discapacidad”, dijo Juan José Morillo.
Destitución y acciones por irregularidades
Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, informó que actualmente la Dirección de Transparencia de la institución investiga el caso.
De determinarse que los carnés de discapacidad se obtuvieron de forma irregular, los funcionarios serán destituidos por una infracción grave, como lo establece el artículo 109 de la Ley de la Función Judicial.
Además, el expediente será remitido a la Fiscalía para la respectiva investigación penal.
Pero para su compañero, el vocal Juan José Morillo, en este caso también se deberá analizar a quiénes obtuvieron el carné de forma legal, pero cuya discapacidad los inhabilitaría para ejercer el cargo.
“Nos llama la atención que existan jueces y un juez en particular, que tenga 100% de discapacidad declarada. Este tipo de discapacidades tan altas serán analizadas, porque podría ser que no sea compatible con la función que cumplen, por ejemplo, sería inconcebible que un juez tenga ese grado de discapacidad visual, con lo importante que es la visión para incluso determinar si un acusado miente”, puntualizó Morillo. (ASM)-(I).
