EDITORIAL|
La sentencia condenatoria de prisión que incluye al anterior presidente ha sido ratificada. La apelación es un derecho ciudadano al que puede recurrir cualquier persona inconforme con una decisión de los tribunales de justicia. Se fundamenta en la aceptación de que, por sabios que sean los que sentenciaron algo, como humanos pueden errar. En la administración de justicia no es raro que defensores de los sentenciados utilicen este recurso para alargar la decisión final. Los procesos judiciales están sujetos a una serie normas de procedimiento, aplicando el principio que, en caso de duda se aplicará la decisión más favorable al reo.
En el caso que comentamos, la defensa, integrada por varios abogados, ya que los enjuiciados son varias personas, ha presentado una serie de argumentos que, al carecer de la consistencia debida, no han sido aceptados. No ha habido la innecesaria demora en el proceso que genera falta de credibilidad en la administración de justicia. Si bien no debe en los jueces haber influencia del rango de los acusados basado en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ha habido casos en los que la condición de los afectados ha influido. La probidad de los jueces se prueba cuando el poder de los acusados no pesa en sus decisiones. La igualdad, más allá de la declaratoria de principios, se torna una realidad en las actuaciones de los administradores de justicia.
La cantidad de casos de corrupción que siguen apareciendo, desanima a los ciudadanos. Lo importante es que se los combata aplicando con seriedad los principios jurídicos para eliminar la creencia generalizada en la impunidad como aliciente para los corruptos. Se han renovado las instancias judiciales comenzando por la fiscalía, pero lo acertado de la medida se pone a prueba en las decisiones. La ratificación de la sentencia demuestra que hay seriedad en los administradores de justicia. Esperamos que se mantenga esta actitud y que muchos casos de corrupción tengan el mismo desenlace que garantice la imparcialidad.
