La próxima semana se habilitará el servicio de los buses intercantonales que cubren las rutas entre Cuenca y el cantón Sígsig, en la provincia de Azuay.
Hoy el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial igualmente analizará si es viable abrir los corredores entre Cuenca y Azogues, y de Cuenca a Machala.
Asimismo, desde el pasado 13 de julio está autorizada la circulación de las unidades de transporte público de pasajeros entre las jurisdicciones de Cuenca y Paute, y también hacia y desde Loja.
La transportación interprovincial e intercantonal en esta provincia, al igual que en todo el país, está suspendida desde hace más de cuatro meses debido a la emergencia sanitaria por la Covid-19.
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Esto y la demanda de pasajeros que buscan llegar a diferentes destinos ha hecho que aumente el transporte informal, lo que ha provocado constantes reclamos.
Para controlar esto ayer la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la Gobernación de Azuay hicieron un operativo en el sector de Narancay, al sur de Cuenca.
Jorge Moscoso, director de la ANT en Azuay, explicó que en estos controles se verifica que los buses no sobrepasen la capacidad del 50% y que todos los ocupantes usen mascarilla.
Asimismo, que se cuente con productos para desinfección como gel desinfectante o alcohol antiséptico. Dos buses de transporte interparroquial fueron retenidos por no respetar el aforo.
Igualmente se sancionó a camionetas de transporte mixto, furgonetas y taxis debido a que no cumplían con medidas de bioseguridad para evitar contagios de Covid-19.
Moscoso adelantó que el COE Nacional alista un protocolo para el transporte público que va a cantones como Girón y Santa Isabel, donde no hay terminal terrestre.
Edison Moscoso, director de la CTE en Azuay, refirió que estos controles tienen como objetivo precautelar la salud pública y prevenir accidentes de tránsito.
“Estos operativos los mantenemos permanentemente y es importante pedir a la ciudadanía que se sume, la corresponsabilidad ciudadana es importante para evitar justamente la informalidad…”, dijo.
Moscoso solicitó a los choferes de los buses que están autorizados a circular que respeten las paradas y frecuencias, con el fin de evitar eventualidades.
De acuerdo con el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la informalidad en el transporte se sanciona con una multa de dos Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU), es decir 800 dólares.
Además, esta normativa legal determina la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir y la retención del vehículo por un periodo de siete días. (CSM)-(I)
PEDIDO
En el cantón Gualaceo, en la provincia de Azuay, ayer dueños y conductores de buses intercantonales hicieron un plantón para pedir a las autoridades que les permitan reanudar el servicio.
Y es que están paralizados desde hace más de cuatro meses debido a la emergencia sanitaria por la Covid-19, pues así lo dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
Mario Tacuri, conductor de un bus de la cooperativa Santa Bárbara, explicó que están al borde de la quiebra debido a que no han tenido ingresos en el último cuatrimestre.
“Tenemos los protocolos de seguridad para que los pasajeros vayan seguros, pero necesitamos mayor apertura de las autoridades para que escuchen nuestras propuestas…”, dijo.
