OPINIÓN|
Un gobierno que prioriza el pago de la deuda externa y pospone obligaciones fundamentales como el combate a una pandemia que amenaza con acabar no solo con la vida de nuestros connacionales, sino con la de nuestra propia especie, es un gobierno que no merece el calificativo de tal. Es un remedo. Una parodia. Un simulacro. En un tema tan sensible, diferir cualquier acción orientada a combatirla, es una agresión despiadada contra la salud de sus ciudadanos. Cuando está de por medio la vida y la salud que, dicho sea de paso, constituyen los primeros derechos humanos, no hay lugar para dudar que debe privilegiarse. De allí que todo diferimiento constituye un cruel e imperdonable atentado contra la sustancia misma de la existencia. Nada más. Ni nada menos.
Por expreso mandato constitucional (Art 35, principalmente) la salud es un derecho que “garantiza el Estado mediante la aplicación de políticas económicas, sociales, culturales, educativas, y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusiones a programas y servicios de promoción y atención integral. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética…” En el enfrentamiento del covid 19, el gobierno ha hecho exactamente todo lo contrario. Todos coincidirán -hasta los acreedores de la deuda externa- que la salud y la vida ocupan el primer renglón de los derechos humanos y que es por eso que, en este momento crucial de la historia humana, es el punto de encuentro de todas las miradas.
La responsabilidad estatal no puede ser licuada en inicuas negociaciones de la deuda externa. Debe mantenerse viva, -su responsabilidad, claro está- porque es imperativo que se conozca cual fue el gobierno que priorizó la muerte antes que la vida. (O)
