OPINIÓN|
Desde hace tres años, si no es más, escuchamos de una Ley que parece indispensable para contrarrestar los terribles efectos de tanta corrupción y tanto robo por parte de los gobiernos, de sus funcionarios, sobre todo altos y medios, es la Ley de Extinción de Dominio.
Permitiría que el Estado recupere bienes de origen ilícito. Pero desgraciadamente quienes deben hacer y aprobar esa Ley son quienes, principalmente, serían perjudicados en sus latrocinios si se llega a aprobar y poner en vigencia. Por eso, a pesar de tanto tiempo transcurrido, recién va por el primer debate. Si se aprueba en dos debates todavía dependerá del veto del Ejecutivo que puede realizar una objeción parcial, total o no objetarla. A este paso es casi seguro que terminará esta legislatura y tal Ley seguirá sin aprobarse.
Afectaría a los bienes que son producto de enriquecimiento no justificado –forma común de hacer riqueza por parte de altos funcionarios del gobierno, sin exceptuar a los Presidentes- relacionado principalmente con actividades ilícitas en el ejercicio de sus funciones o cargos. Pero también serían aquellos que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas. Y de esto ya van más de catorce años que vemos a diario.
Un dicho antiguo es “Guerra avisada no mata gente”. Con tanto tiempo que ha demorado el trámite los delincuentes de los gobiernos pasado y presente han tenido tiempo de sobra para hacer que tales bienes estén quien sabe en dónde y en qué manos. La demora habrá sido muy efectiva para que el propósito de la tal ley sea imposible de cumplir. ¡Gloria ladrones políticos pasados, presentes y futuros, sobre todo correístas y morenistas!¡Sigan robando sin temor! (O)
