EDITORIAL|
Nuevamente las cárceles del país volvieron a ser escenario de hechos trágicos. Esta vez son once los presos que han muerto, además de otros que quedaron heridos, algunos en estado grave. Seis policías se encuentran en estado crítico luego del violento enfrentamiento que se dio en la Penitenciaría del Litoral, a inicios de semana. Las cárceles son lugares peligrosos aquí y en todas partes. Pero el uso de armas de toda clase y entre ellas abundantes armas de fuego de variados calibres, resulta algo que no puede ser justificado. Cómo entraron esas armas a lugares en donde al común de visitantes se revisa exhaustivamente, se explica básicamente a través de un sistema en donde la corrupción es la respuesta.
En esta ocasión los niveles de violencia fueron extremos. No solamente se trata del número de muertos y heridos entre presos y policías. Se trata de una guerra a muerte entre bandas de delincuentes que funcionan al interior de las cárceles y también al exterior. Luchan entre ellas por el dominio de territorios para la venta de drogas y por lo tanto las sumas de dinero que están de por medio son enormes. Ajustes de cuentas y rivalidades se encuentran a la orden del día y explotan cualquier momento, como acaba de ocurrir una vez más.
No se trata en todos los últimos casos de presos comunes y corrientes. Se trata de gente de alta peligrosidad y con mucho poder económico. Ese poder les permite manipular a otras personas de dentro y de fuera de las cárceles. Mientras eso ocurre en la vida real de esos centros penitenciarios, el sistema legal se contenta con cambios de nombres como llamar centros de rehabilitación a las cárceles o PPL a los presos, como si cambiando nombres cambiaran la realidad. Sigue siendo una deuda de los gobiernos una reforma a fondo del sistema penitenciario para posibilitar la rehabilitación y la seguridad de los internos y para evitar estos sangrientos hechos.
