Tres abogados, investigadores en derecho administrativo y gestión pública, coinciden en que cada vez es más frecuente que decisiones administrativas de los municipios queden sin efecto por fallos judiciales.
Ricardo Almeida, uno de ellos, desarrolla una investigación académica con la que precisamente busca demostrar esto, pero además que es necesario que los cabildos actúen “más apegados a la ley”.
Aunque también reconoce que “en ocasiones los dictámenes judiciales, especialmente, de instancias inferiores, que borran las decisiones administrativas municipales, son subjetivos…”.
En Cuenca durante la actual administración municipal hay tres casos que puede ser tomados como referencia en los que la justicia ha puesto en duda la validez de las decisiones municipales y de los concejales.
Estos son: la elección para la Vicealcaldía de Cuenca; el retiro de los comerciantes de alimentos preparados de la tradicional Plaza San Francisco y la creación de nuevas cooperativas de taxis.
Aunque en la primera y última de estas, una apelación a una decisión judicial de primera sentencia resultó favorable a la municipalidad, estos procesos aún no están terminados.
En el primer caso inicialmente Pablo Burbano fue electo como vicealcalde, pero luego el juez Luis Alberto Guerrero resolvió que este puesto, por equidad de género, debía ser para una mujer.
Fue entonces que Marisol Peñaloza, concejal, pasó a ocupar este cargo; sin embargo, después la Corte de Justicia de Azuay concluyó que la elección de Burbano era legal, por lo que regresó a este puesto.
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En lo que respecta a los ocho vendedores que fueron desalojados de San Francisco por el municipio, a finales de julio retornaron a este sitio luego de ganar un amparo legal.
La justicia determinó que en este caso “la municipalidad vulneró el derecho a la seguridad jurídica, al trabajo, patrimonio cultural, derecho del buen vivir…”, según la sentencia.
Finalmente, en lo que respecta a un pedido de ingreso de unos 50 taxis más a Cuenca ocurrió que un tribunal de garantías penales en primera instancia aceptó una acción planteada por la compañía Transaymirín S.A.
Pero luego el Tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte de Justicia de Azuay suprimió dicho dictamen.
Para Marco López y Rolando Solano, los otros juristas que participan en la investigación que dirige Almeida, hay que tomar en cuenta que algunas decisiones judiciales carecen de un estricto sustento jurídico.
“Por eso vemos que algunos dictámenes se caen luego de que los involucrados los apelan ante instancias superiores, lo que deja ver que hay subjetividades que le hacen mal a la justicia…”, dijo López. (CSM)-(I)
CRITERIO DE EXALCALDE
Xavier Muñoz Chávez, exalcalde de Cuenca, considera que si los municipios cumplieran estrictamente con la ley no tendrían dificultades respecto a sus decisiones.
“Si la municipalidad no cumple con la ley el ciudadano afectado, el gremio afectado puede acudir a instancia judiciales a fin de que se les respeten sus derechos…”, manifestó.
Por eso Muñoz cree que cuando el cabildo toma una resolución tiene que tener claras las motivaciones y señalar la base legal que sustenta su resolución a fin de que tenga legitimidad.
“Los concejales también al emitir sus opiniones o al dar su voto tienen que motivar lo que están haciendo, de allí la importancia de sujetarse con verdadero rigor a la ley…”, dijo.
