El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes un «narco-Estado» en México, aunque responsabilizó a las Administraciones anteriores por la corrupción y el contubernio con grupos del crimen organizado.
«Pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narco-Estado porque estaba tomado el Gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia», declaró.
En su rueda de prensa matutina, el mandatario se refirió a dos «casos emblemáticos» que están en investigación: el de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos entre 2012 y 2016 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
Lozoya, extraditado desde España el 17 de julio, está acusado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto y la aprobación de la reforma energética de 2013.
García Luna está detenido desde el 9 de diciembre pasado en Estados Unidos, donde afronta cargos de conspirar para traficar cocaína, falso testimonio y participar en un proyecto criminal por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Estas indagatorias representan la corrupción de «cuello blanco» y el contubernio con los narcotraficantes, respectivamente, expresó López Obrador desde Palacio Nacional.
«Las dos muy graves, ¿cuál es más grave? Eso cada quien debe revisarlo, pero era lo que se padecía, por un lado una gran corrupción que imperaba, tenían tomado al Gobierno, y por el otro lado los acuerdos con la delincuencia organizada», manifestó.
México vivió el año más violento de la historia reciente en 2019, el primero de la Presidencia de López Obrador, con 34.608 homicidios y 1.012 feminicidios.
Mientras en 2006, al inicio de la llamada «guerra contra el narco», había tres conflictos activos entre cárteles de la droga, en 2018 había 18, según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Pero López Obrador, quien llegó al poder con la promesa de restaurar la paz en el país, reiteró este lunes su diagnóstico de que la corrupción era la raíz de los problemas.
Por ello, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) llegar hasta las últimas consecuencias.
Aun así, negó que existan investigaciones abiertas contra Calderón y Peña Nieto al argumentar que el asunto es de «carácter estrictamente judicial».
Para enjuiciar a los expresidentes, indicó, se necesita una consulta pública.
«Mi opinión es que se conozca toda la verdad porque es enseñanza, porque es estigmatizar la corrupción que antes se veía como algo normal y era el peor de los males, que los que robaban ni siquiera perdían su respetabilidad», comentó. EFE
