OPINIÓN|
Según sondeos de opinión por primera vez la corrupción es considerada como el principal problema del país, lo que significa que empieza a convalecer la conciencia social enferma que tolera y considera a la corrupción como normal, natural y hasta signo de viveza.
Todos los ciudadanos honestos deben contribuir a conformar un sistema nacional anticorrupción acatando el llamado de la Comisión Nacional Anticorrupción, es decir un conjunto de políticas públicas, normas, instituciones, programas, recursos y acciones para prevenir, transparentar y sancionar la corrupción.
Es una tarea titánica que requiere cambios en el sistema político de la sociedad (estructura del Estado, control, partidos políticos, cultura y relaciones políticas), en la sociedad civil y sus relaciones con la administración pública (tributación, contrabando, adulteraciones de calidad, especulación, pesos y medidas, evasión de procedimientos, controles y soborno) y en el sistema de educación pública (valores, ambiente, salud).
Lo anterior implica hasta reformar la propia Constitución para redistribuir el peso entre las funciones del Estado, ampliar el control político, rodear de mayor independencia a la justicia y la Fiscalía, ubicar correctamente el Consejo de la Judicatura como un departamento administrativo de recursos y de disciplina y conformar democráticamente el CNE.
De igual forma hay que reformar algunas leyes orgánicas como las de contratación pública, de la contraloría general, de la procuraduría, código de la democracia, de educación, educación superior y ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional.
También se precisa de la expedición de la ley anticorrupción para institucionalizar el sistema nacional anticorrupción, normar, entre otras cosas, la incautación de bienes producto de la corrupción, la muerte civil, las compensaciones al Estado por actos de corrupción y compensaciones a privados por identificación y recuperación (interna o externa) de dineros por actos de corrupción.
A todo esto, hay que sumar una estrategia nacional para cambiar la cultura de la corrupción, del soborno, fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y los derechos, y una cultura de legalidad, combate a la arbitrariedad y discrecionalidad administrativa. (O)
