EDITORIAL|
El gobierno del Presidente Moreno acaba de decretar el Estado de Excepción en el sistema penitenciario del país. Lo hace luego del nuevo escándalo generado por el asesinato en la cárcel de Guayaquil de uno de los implicados en los negociados de medicinas con motivo de la pandemia. Al mismo tiempo que se producía ese asesinato, otro hecho se daba en la cárcel de Cotopaxi: un nuevo enfrentamiento entre presidiarios dejaba dos muertos y varios heridos. En días pasados el país se conmocionó con el enfrentamiento entre bandas mafiosos al interior de otra cárcel, ajuste de cuentas que dejó once muertos y varios heridos, entre delincuentes presos y policías.
El asesinato de un ciudadano extranjero involucrado en los negociados de medicinas en los hospitales públicos del país conmocionó porque resulta inexplicable que un detenido cuyas declaraciones eran importantes para esclarecer el caso, haya sido dejado sin una razonable protección. Las declaraciones de otro detenido por este caso mostraron que según esa persona fue un guardia de la cárcel uno de los que les atacó. Las declaraciones atribuidas a un ex presidente de la república hablan de manejos de la justicia y de presiones al interior de las cárceles. Un cuadro sórdido sobre el estado de descomposición del sistema de justicia y del carcelario.
La declaratoria del Estado de Excepción es una medida razonable sobre todo en los actuales momentos, pero no es suficiente. Ya hace pocos meses igualmente se declaró ese mismo Estado por unos cuantos días y nada de fondo se consiguió como lo demuestran los hechos recientes. En el sistema penitenciario hay una descomposición generalizada en donde la corrupción es tan grande como en otros campos de la vida nacional. La presencia de Fuerzas Armadas garantizará una relativa tranquilidad durante unos días, pero pronto volverá la corrupción y violencia, a menos que algún día se haga una reforma total del sistema penitenciario.
