OPINIÓN|
La división de poderes es esencial al sistema democrático y el legislativo, aunque no interviene directamente en la administración del gobierno, es esencial ya que la esencia de este sistema son las leyes cuya elaboración y reforma no pueden estar en quienes ejercen directamente el gobierno, como ocurría en las monarquías absolutas, sino en cuerpos colegiados de elección popular. Tiene además atribuciones para fiscalizar al ejecutivo y evitar abusos de poder logrando un equilibrio en los procesos cívicos.
Un sondeo de opinión pública muestra como la aceptación popular a este poder en este período ha llegado a los niveles más bajos de los últimos tiempos: 3 %. Es frecuente en países del mundo que esta función despierte más inconformidades que las otras ya que está integrada por representantes de diversas tendencias, pero en el mencionado nivel es grave. Actitudes y comportamientos de sus integrantes pesan en la opinión pública, lo que explica en este caso el repudio popular ya que varios de sus integrantes han estado involucrados en actos de corrupción.
Uno de ellos está preso por su intervención en la estafa al hospital de Pedernales y otro ha “desaparecido”, habiendo sospechas sobre cuestionables procedimientos de algunos más. Quien se postula como candidato a una función pública se compromete a servir a la colectividad poniendo en segundo plano sus intereses y aspiraciones personales. Hay que servir al pueblo, pero servirse del pueblo del pueblo para, mediante acciones delictivas, lograr beneficios económicos es inconcebible.
En el caso que comentamos, no se trata de un hecho aislado, sino de algunos, lo que muestra la crisis de valores cívicos en la política ecuatoriana. (O)
