La renuncia del expresidente colombiano Álvaro Uribe a su escaño como senador es un nuevo golpe a su carrera política y puede dar un giro al proceso por el que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó su detención domiciliaria hace dos semanas.
Uribe renunció este martes a su curul citando violaciones procesales de la Corte en el caso en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos, irregularidades que, según dijo, «le impiden desarrollar a cabalidad su trabajo legislativo».
«Me dirijo a usted para presentar renuncia al Senado de la República», escribió Uribe, mandatario de Colombia entre 2002 y 2010, en una carta dirigida al presidente de la cámara alta, Arturo Char.
La CSJ ordenó el pasado 4 de agosto la detención domiciliaria de Uribe al considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia. Desde entonces el expresidente alega que no tiene garantías procesales en el alto tribunal.
«La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas (…) anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas», manifestó hoy.
ESTRATEGIA DE DEFENSA
La renuncia de Uribe instaló en el país un nuevo debate sobre si su caso debe pasar automáticamente de la Corte Suprema, que lo juzga por tener fuero de congresista, a la Fiscalía General.
«Si un parlamentario es investigado y presenta la renuncia, la Corte solo puede seguir investigándolo cuando los hechos materia de investigación guardan relación sobre su actividad como congresista», explicó a Efe el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate.
Una vez reciba la notificación del Senado, que aprobó con 82 votos a favor y 12 en contra la renuncia de Uribe, la misma CSJ deberá decidir si continúa siendo juez en el proceso -medida que la defensa podría apelar- o si lo remite a la Fiscalía.
Según Bernate, a la Corte le queda «muy complicado señalar que el supuesto soborno de testigos o fraude procesal tiene que ver con la actividad de congresista» porque a su criterio esos delitos son «más hechos de ciudadano».
El penalista aseguró que la decisión de abandonar el Senado, escaño que Uribe ocupó desde 2014 por el partido de derechas Centro Democrático, es coherente con la desconfianza que el expresidente dice sentir hacia el tribunal.
«Si ellos (Uribe y su defensa) han considerado que no tienen garantías en la Corte y el fuero le da el derecho a que la Corte lo juzgue, puede renunciar», subrayó Bernate al aclarar que no ve mala intención en esa decisión.
REACCIÓN DE LA CONTRAPARTE
Este caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al hoy senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
El proceso contra Cepeda cambió radicalmente cuando el magistrado de la CSJ José Luis Barceló no sólo lo archivó sino que le abrió una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos.
Cepeda, ahora parte civil del proceso en calidad de víctima, dijo en declaraciones telefónicas a Efe que no le cabe la menor duda de que la renuncia de Uribe es una estrategia para evadir a la justicia.
«Uribe creyó que podía utilizar la Corte Suprema de Justicia para urdir engaños y enlodar mi nombre y como la investigación rigurosa y el amplio acervo probatorio demuestran que fue él el que incurrió en esos delitos de soborno y fraude procesal, ahora busca un camino de atajo para poderse librar de la justicia y gozar de impunidad», aseguró.
El senador está convencido de que la competencia sobre el caso «la sigue teniendo la Corte Suprema» y uno de sus argumentos es que Uribe «incurrió en varios presuntos delitos» utilizando a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Cepeda también dijo que muchos de los hechos que hoy tienen al expresidente en prisión domiciliaria están relacionados con debates que él hizo en el Congreso en los que vinculaba a Uribe con grupos paramilitares.
«Así, no se pueden desprender esos hechos de esa investigación que hay hoy y de la muy probable llamamiento a juicio«, avanzó.
GOLPE POLÍTICO
El 24 de julio de 2018, cuando la Corte lo llamó a declarar, Uribe anunció su renuncia por primera vez al escaño de senador, pero finalmente no hizo efectiva esa decisión.
Ahora, independientemente de si su caso llega a la Fiscalía o no, la decisión de Uribe tiene desde ya efectos políticos visibles.
El exmandatario, una de las figuras políticas más poderosas de Colombia, fundó en 2013 el partido Centro Democrático y a la cabeza de una lista cerrada de esa colectividad fue elegido senador en 2014 con una votación histórica y repitió en 2018.
«Esta decisión tiene sin duda un gran efecto político. Se trata de la renuncia del senador más votado y de la cabeza del partido de Gobierno. No significa el fin de su vida política pero sí la culminación de una carrera en la administración pública», subrayó Bernate.
Esta tarde al votar en el Senado, miembros del Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque, lamentaron tener que apoyar la renuncia de Uribe, al que describieron como el «mejor congresista» del país.
«Pierde el país y el Congreso de la República al mejor de sus congresistas. Un hombre que siempre, sin importar la situación, estuvo atento para sacar adelante los temas trascendentales de la agenda legislativa«, reaccionó la senadora María del Rosario Guerra.
Guerra aseguró que el retiro de Uribe no significa el fin de su vida pública, una decisión que, aunque los «entristece», es necesaria «para buscar una defensa con garantías y donde prime la verdad». EFE
