Juristas y altos funcionarios de Estado discrepan sobre si el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, sobre el que pesa una condena de ocho años de prisión por un delito de cohecho, podrá presentarse o no a las elecciones de 2021 porque no se ponen de acuerdo sobre si su sentencia es o no «firme».
El inusual caso de quien fuera presidente del país andino entre 2007 y 2017, y quien ahora aspira a la Vicepresidencia, está siendo objeto de un meticuloso análisis por la máxima dirección del Consejo Nacional Electoral y de la Corte Nacional de Justicia, sin que hasta ahora hayan llegado a una conclusión definitiva.
SENTENCIA EN FIRME O NO
La propia presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, consultada por el CNE, y este organismo a su vez por la Judicatura, remitió un documento de la jueza Daniella Camacho, presidenta de la Sala especializada de lo Penal, en la que esta consideraba que la casación no forma parte del proceso de recursos a los que tiene derecho un sentenciado.
«Cabe señalar que en la legislación ecuatoriana, el recurso de apelación pone fin al juicio. El recurso de casación no es una tercera instancia, sino un recurso extraordinario que puede plantear el agraviado por una sentencia que se encuentra ejecutoriada«, escribió la letrada en una primera carta que ha sido difundida este miércoles.
La reacción de Correa fue inmediata y, desde Bruselas, donde reside desde 2017, acusó indirectamente a la «inefable» Camacho de servir a los intereses del Gobierno de Lenín Moreno, con quien mantiene una dura rivalidad política.
«¡Están realmente desesperados! Rompen la Constitución y elemental doctrina jurídica. Ahora la sentencia se ejecuta antes de la casación«, escribió por redes sociales.
«A esta corrupta pondrán de presidenta de la Corte en enero. ¿Apostamos?«, agregó.
LA JUEZA CAMBIA DE OPINION
Ante la polémica generada, en una nueva evaluación horas después, la magistrada se corregía para dejar la decisión en manos del juez ponente del Tribunal de Casación, cambio de opinión que fue ridiculizado por las redes sociales del correísmo.
El caso por el que fue condenado Correa, «Sobornos 2012-2016″, juzgó la financiación irregular del movimiento Alianza País mientras él era su presidente, a través de una maquinaria de sobornos a cambios de millonarios contratos de Estado.
En el caso han sido sentenciados una veintena de altos funcionarios y empresarios, en el caso particular del exmandatario a 8 años de prisión y un tiempo igual de inhabilitación política.
Condenado en primera y segunda instancia, el caso de Correa llegó a casación el pasado día 7, y aunque el Tribunal ya se ha constituido aún no ha puesto fecha a la audiencia.
Pero los juristas se han visto sorprendidos mientras tanto por el anuncio de Correa de aspirar a la vicepresidencia en tándem con Andrés Arauz, un joven economista que fue ministro en su último gobierno y que ahora aspira a la presidencia.
Este miércoles, Pierina Correa acudió al CNE para presentar un pedido de aclaración sobre la candidatura de su hermano por poder, dado que reside en Bélgica desde 2017 y no puede regresar al país sin exponerse a prisión, aunque tampoco en este asunto parecen ponerse de acuerdo los juristas y representantes electorales.
«Es incongruente que en época de pandemia todo el mundo está realizando actividades vía telemática y en este caso se exija la presencia física de los candidatos, están violentando la ley», se quejó en su Twitter la hermana del expresidente, que forma parte de su misma lista de aspirantes a asambleístas.
INMUNIDAD SOLO A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE
En esta compleja coyuntura legal y política, la candidatura de Correa pende ahora de los finos hilos de la interpretación legal y, según las incesantes denuncias del correísmo, también de la política.
«Hace semanas (lo) califiqué de ‘Operación de Estado’ para proscribir a Correa y eliminar a Revolución Ciudadana (RC). Ahora es muy claro, (es una) estrategia dirigida desde Carondelet (el palacio presidencial), implementada por la Fiscalía, la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría y el CNE«, escribió Virgilio Hernández, dirigente de RC que está procesado por otro delito.
En cualquier caso, letrados incluso de la defensa del exmandatario han explicado que hasta el 17 de septiembre, fecha en la que comienza la inscripción de candidatos, Correa estará expuesto a una decisión del Tribunal de Casación, porque la inmunidad electoral no entraría en vigor sino hasta esa fecha.
«Las primarias en el Centro Democrático son el 22 de agosto, después eres mocionado, hay un período de impugnación interna y de aceptación (de la candidatura) y ahí después la inscripción», explicó a Efe Fausto Jarrín, uno de los abogados de Correa.
«Es la inscripción formal la que genera el paraguas de inmunidad», concluyó.
El exgobernante tiene pendiente en su país otro caso, el del secuestro en Colombia en 2012 del opositor Fernando Balda, por el que está requerido por la justicia. EFE
