EDITORIAL|
La proximidad del proceso electoral, plantea nuevamente el tema del financiamiento de la campaña electoral. Hoy como -en otras ocasiones- se debate sobre la conveniencia o no de que el estado ecuatoriano financie a los partidos políticos para que puedan desarrollar la campaña. Hay quienes sostienen que el estado no debe financiar esa campaña y quienes defienden lo contrario. Hay ejemplos de otros países en donde se aplican los dos sistemas. El tema de fondo, es que sin normas que regulen el financiamiento y el gasto electoral, no puede hablarse de igualdad de oportunidades para la contienda.
En la consulta realizada por el Consejo Nacional Electoral a los dirigentes de los partidos hubo un consenso bastante amplio en que la crítica situación económica del país incide en el financiamiento del Fondo de Promoción Electoral y que deben considerarse restricciones en el financiamiento estatal. Este Fondo utiliza dinero estatal para que los partidos y candidatos contraten propaganda en los medios de comunicación. Algunos partidos recomendaron una reducción del cincuenta por ciento y otros mencionaron distintos porcentajes. En lo que todos están de acuerdo es que exista un control efectivo de gastos de manera que los partidos que tienen más recursos no inclinen a su favor la balanza electoral.
El máximo organismo electoral mantiene una deuda de algo más de treinta millones de dólares a los medios de comunicación por propaganda y promoción electoral. Esa deuda ha incidido fuertemente en la economía de dichos medios que confiaron en el organismo electoral y su compromiso no cumplido. En esta nueva campaña que se avecina es fundamental que todos los candidatos tengan igualdad de oportunidades para promocionar sus tesis. Se trata, no de un tema puramente económico, sino de los fundamentos de la democracia que se ven afectada cuando desaparece esa igualdad de oportunidades.
