Andrea Salazar |
El 8 de julio del año pasado, el Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) decidió que el traspaso a manos privadas de las acciones de Banco del Pacífico, de las que es dueña y con lo que el Gobierno espera recibir USD 2.000 millones, “debía tener el estatus de reservado en todas sus etapas, basándose en la normativa vigente de protección de información”.
Esto se lo hizo conocer la CFN al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuya veeduría a esta concesión solicitó información del caso en el oficio de respuesta y se señaló que del sigilo de 15 años decidido, todavía restan 14 años en los que no se podrá conocer los detalles de la venta.
Según informó la CFN, a través de la reserva que aplicaba desde el momento de la valoración y durante una parte de la negociación se buscaba “maximizar los beneficios para el país”.
“Sin embargo, una vez culminado el proceso en estas fases, cuya duración se estima en aproximadamente nueve meses, la información deberá ser de total conocimiento público”, señaló el documento, en el que ya no se mencionan los 15 años de sigilo establecidos.
Además, la CFN puntualizó que analizará la decisión tomada hace más de un año, por lo que en los próximos días el presidente del directorio, Roberto Dunn Suárez, convocará a una reunión para revisar el tema y así “garantizar la transparencia del proceso en todas sus fases”, esto dado que “el Gobierno Nacional se esfuerza por mantener la transparencia en cada acción y decisión que adopta”.
Pero para José Antonio Paz, coordinador de la veeduría a la monetización de este bien estatal, la aclaración de la CFN es insuficiente, pues aun cuando se tome la decisión de un sigilo temporal de nueves meses, esto le parece ilegal y ambiguo, pues en este período se puede concretar cualquier irregularidad de la que los ecuatorianos no podrán tener conocimiento nunca.
Para León Roldós, abogado experto en contratación pública, si la CFN quería maximizar los beneficios para el país como lo ha afirmado, el sigilo solo podría estar permitido en la etapa de revisión de ofertas, lo cual es común, pues se evita el ingreso de contraofertas desleales, pero los 15 años de reserva son un exceso basado en una ley aprobada durante el Gobierno anterior.
“Los ecuatorianos debemos conocer cómo nos van a pagar, cuándo se va a pagar, porque se puede pagar una suma importante, pero si me dan 15 años para pagar, al final termino pagando de lo que produce el banco, dinero que igual pudo ser del país. No podemos permitir que se dé nuevamente un caso como el del ingenio azucarero Aztra (se compró con un crédito de la CFN y tras una inversión estatal de más de USD 8 millones)”, puntualizó Roldós.
