Uno de los sentidos más usuales de persecución es seguir a alguien que huye o se oculta porque se supone ha cometido algún delito, lo que es normal en los procesos de administración de justicia penal en los que los casos en que el reo se entrega voluntariamente o admite su culpa son raros. En sistemas absolutistas, era frecuente que quienes pensaban diferente de los jefes de Estado eran perseguidos por no concordar con los gobernantes, sobre todo si su “legitimidad” se fundamenta en una ideología dogmática, como ocurría en la fenecida Unión Soviética. Se considera que los políticos renuncian a sus intereses personales en aras de una ideología que consideran la mejor con intención sana.
Es más frecuente de lo deseable, que algunos que ejercen la política y son parte del control del poder se aprovechan para cometer delitos sustituyendo el interés colectivo por el personal. Son delincuentes comunes ya que la condición de políticos no les exime del respeto a las leyes, lo que justifica su juzgamiento como a los comunes. Es frecuente que personajes de la política acusados de delitos en contra del Estado, traten de “limpiar su imagen” diciendo que son perseguidos políticos, como si la corrupción fuera parte del ejercicio del poder. Estos casos se dan cuando hay autonomía suficiente en el poder judicial, sin que se convierta la administración de justicia en un instrumento más de los gobernantes.
En el destape de la corrupción en los últimos tiempos, se ha manifestado con frecuencia esta perversa confusión en una serie de casos. Un ex presidente cuyo mandato duró unos meses, ha pasado a la historia por la “mochila escolar” ya que eludió el proceso judicial con un autoexilio largo en Panamá. Ahora, acusado de otros delitos, habla de postularse a la presidencia para “gozar” del privilegio de los candidatos de no ser enjuiciados mientras duren las campañas. En este caso, se trata de un auténtico delito político, al usar una disposición que pretende garantizar la limpieza de las campañas, para ocultar delitos.
