El Concejo Cantonal de Cuenca analizó ayer las cinco preguntas para el pedido de consulta popular sobre minería, hecho por la organización ciudadana autodenominada Cabildo Cuencano por el Agua. Son cinco interrogantes.
La primera: “¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?”.
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La segunda: “¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Yanuncay, según la delimitación realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?”.
La tercera: “¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tomebamba, según la delimitación realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?”.
La cuarta: “¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Machángara, según la delimitación realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?”.
La quinta: “¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a mediana escala en la zona de recarga hídrica del río Norcay, según la delimitación realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?”.
Sebastián López, especialista en Derecho Constitucional, explicó que los gobiernos autónomos descentralizados con el apoyo de las tres cuartas partes de los integrantes de sus concejos municipales pueden solicitar una consulta popular.
Para el plebiscito los considerandos y el cuestionario de consulta tienen que pasar por un control de constitucionalidad que lo hace la Corte Constitucional del Ecuador (CCE).
Una vez que la CCE dé el visto bueno, esto pasa al Consejo Nacional Electoral (CNE), que finalmente es el encargado de hacer la convocatoria y desarrollar la consulta.
Según López, el pedido de consulta sobre minería, que por tercera vez la CCE negó a Yaku Pérez, prefecto de Azuay, “no quiere decir que sea tema juzgado, mas bien lo que está advirtiendo la corte es que se deben corregir ciertos errores…”.
“Por ejemplo que las preguntas sean formuladas un solo hecho por pregunta, que las preguntas utilicen un lenguaje valorativamente neutro, que induzcan al elector a tomar una posición…”, acotó. (CSM)-(I)
MEDIO AMBIENTE
Marcelo Zamora, ingeniero ambiental y activista por la defensa de los derechos de la naturaleza, considera que de aprobarse la consulta popular y ganar el sí, esto permitirá garantizar la protección de las fuentes de agua frente a la minería.
“Necesitamos que la ciudadanía se pronuncie sobre si apoya o no que se haga minería en nuestros páramos, cerca de las fuentes hídricas o zonas que son bastante sensibles…”, acotó.
Zamora considera que es necesario que el Gobierno Nacional para continuar con los actuales proyectos mineros tome en cuenta la opinión de la población y especialmente de las comunidades de influencia.
