Andrea Salazar |
Son varios los frentes que se le han abierto al Gobierno por los pagos atrasados. Maestros, proveedores, exfuncionarios, trabajadores públicos, entidades de la seguridad social, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), protestan y realizan marchas sin importar que las aglomeraciones están prohibidas por la pandemia de la covid-19. Anuncian paros virtuales con el fin de que se realicen los desembolsos que, en algunos casos, llevan atrasados desde inicios de año.
Este último caso es el de Néstor Valencia, representante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Privada, que desde enero no recibe su pago por parte de la Universidad Central. En este tiempo ha tenido que vivir de préstamos de familiares y en muchas ocasiones no tiene alimentos para él y sus hijos. Lo que el Estado le debe incluso acabó con su familia, su esposa lo abandonó el pasado julio. Por esta razón se unió al grupo de proveedores del Estado que este miércoles 2 de septiembre protestaron en Quito y Guayaquil para que el Ministerio de Finanzas realice los desembolsos.
En el sector de los funcionarios públicos también hay inconformidad. Los docentes planifican un paro informático, pues desde hace cuatro meses reciben sus sueldos con 25 y 31 días de retraso. Esta semana se canceló el salario de julio y quedó pendiente el de agosto.
Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), informó que al momento 169 mil docentes no han recibido su sueldo de agosto, esto pese a que el Gobierno anunció que no existirían retrasos para este sector.
Pero el atraso en el pago de los salarios en el sector público es general e incluso ha recibido respuesta de la justicia, el juez de la Unidad Judicial de los Civil de Pichincha aceptó la acción de protección solicitada por la Defensoría del Pueblo y ordenó el pago de las remuneraciones en un máximo de cinco días después de iniciado el mes. El magistrado estableció que el Gobierno vulnera el derecho al trabajo, a la vida digna y a la salud de los funcionarios.
También los extrabajadores de los medios de comunicación incautados y públicos han recurrido a la justicia. Este miércoles presentaron una demanda ante la Fiscalía en contra de los liquidadores de las empresas por la retención ilegal de sus aportes y pagos de créditos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los cuales no fueron cancelados, aunque se los descontó en rol de pagos.
Pide prioridad
Por su parte Jorge Wated, presidente del directorio del IESS, informó que solicitará de forma oficial a Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, que con el préstamo de USD 6.500 millones que le otorgará al país el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pague prioritariamente los más de USD 7.000 millones que le debe al Instituto por el aporte del 40% al fondo de pensiones.
Por su parte el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) notificó a sus jubilados sobre el atraso en el pago de pensiones, debido a que el Gobierno no ha transferido las asignaciones que corresponden como aporte del Estado.
Pago en bonos a los GADS
Para cancelar las deudas, el Gobierno ha propuesto alternativas y una de estas es la entrega de bonos del Estado, ayer el presidente Lenín Moreno anunció que de esta forma se cancelará a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), para lo cual se ha elaborado un plan de pagos.
Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), informó ayer que la deuda con las alcaldías actualmente asciende a USD 1.200 millones, que se acumuló desde inicios de la pandemia.
Sin embargo, según Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, lo peor ha pasado, afirmó que la economía se está reactivando y ofreció que con el crédito por USD 6.500 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un préstamo por USD 2.000 del Gobierno chino, saldará las deudas pendientes, dijo que este mes se comenzarán a regularizar los pagos, poco a poco.
