Las audiencias del proceso de casación en el llamado caso «Sobornos 2012-2016», que involucra al expresidente Rafael Correa y otros quince sentenciados, se iniciaron este jueves y continúa este viernes 4 de septiembre de 2020 en una sala de la CNJ en Quito.
La defensa del expresidente Rafael Correa consideró este jueves un «contrasentido» la condena por el delito de cohecho como autor mediato por instigación, en una vista de casación que se sigue en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Correa fue condenado este año en primera y segunda instancias a ocho años de prisión y la inhabilitación política del mismo número de años, tras haber sido declarado culpable del delito de cohecho como autor mediato por instigación.
La Fiscalía General y el tribunal consideraron que el exmandatario dirigió una estructura de corrupción con la que se financió ilegalmente su partido a cambio de contratos con el Estado.
De acuerdo con una responsable de Comunicación de la Corte, el letrado de Correa, Alfonso Zambrano, argumentó que su defendido no incurría en «una infracción de deber» y que «no hubo el apartamiento de su rol», por lo que no procedía su imputación.
«Existe un contrasentido entre la autoría mediata por instigación y la autoría», argumentó el abogado, siempre de acuerdo con la fuente oficial de la CNJ.
Zambrano solicitó por ello que se dejara sin efecto la condena y ratificara el estado de inocencia de su cliente.
El juicio por el caso «Sobornos» versó sobre una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual se recibieron «aportes indebidos» en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
En el caso también fue condenado a prisión el exvicepresidente Jorge Glas, cuyo defensor adujo este jueves ante la corte que la pena «está mal atribuida» y pidió que «se ratifique el estado de inocencia».
En uno de los recesos de la audiencia iniciada hoy, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, manifestó a los medios tener la «firme confianza de que la justicia brillará».
Indicó que gran parte de los procesados no han negado la existencia del delito, «sino la no responsabilidad de sus defendidos».
El recurso de casación es la última instancia presentada por los quince sentenciados, que, además, definirá el futuro electoral del exgobernante, ya que tras el procedimiento legal la sentencia será ejecutoriada.
De ratificar el tribunal que no se produjeron irregularidades en el debido proceso, Correa no podrá participar en la vida política del país.
El exmandatario, que reside en Bélgica desde que terminó su mandato de una década en 2017, intentó el martes aceptar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la designación en primarias como precandidato a la Vicepresidencia para los comicios de febrero próximo, en fórmula con Andrés Arauz, quien va por la Presidencia.
Sin embargo, el ente electoral rechazó el trámite de forma telemática, pues según una enmienda de 2012 debe hacerse de forma «personalísima».
Si el Consejo llegara a aceptar su nominación, lo que parece improbable a estas alturas, Correa disfrutaría de inmunidad temporal, y dependería solo del dictamen de casación.
Correa y su movimiento político actual, la Revolución Ciudadana, acusan a la Justicia ecuatoriana de una supuesta «politización», y de actuar bajo el influjo del Gobierno liderado por Lenín Moreno, quien fue su vicepresidente y correligionario, pero que se convirtió en uno de sus acérrimos crítico. EFE
