Ecuador registra un total de 10.524 fallecidos, entre confirmados y probables, por la COVID-19, según un nuevo mecanismo de reporte del Ministerio de Salud, que ha decidido juntar los componentes para fortalecer el monitoreo del impacto de esta enfermedad en la población.
En un comunicado, esa institución recordó que las cifras de decesos mostradas día a día no reflejan necesariamente el número de nuevas muertes por día, debido a la demora entre el momento en que ocurre el evento y el tiempo en que se notifica al sistema de vigilancia.
Hasta el momento se han tomado 330.470 pruebas rápidas y PCR, gracias a las cuales se han descartado 163.197 casos.
En el nuevo mecanismo de reporte, el Ministerio presenta este domingo solamente el número de contagiados confirmados por PCR, que totalizan 109.784, la mayor parte de ellos concentrados en las provincias de Pichincha (25.065), cuya capital es Quito (22.600), y Guayas (19.050), con Guayaquil (12.962), como cabecera.
Otras de las provincias que acumulan más de 3.000 casos confirmados son Manabí (8.790), Azuay (6.453), Loja (4.742), El Oro (4.707), Santo Domingo de los Tsáchilas (4.580), Esmeraldas (3.581), Tungurahua (3.655), Los Ríos (3.316), Cotopaxi (3.222) e Imbabura (3.067).
La insular de Galápagos registra 109 positivos.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, 885 personas están hospitalizadas por la enfermedad en condiciones estables, y otras 424 con pronóstico reservado.
Por grupo etario, el 59,4 % de los casos confirmados corresponde a personas de entre 20 y 49 años; el 21 % al rango de entre 50 y 64 años, el 14,3 por ciento a más de 63 años, y el resto de porcentajes se distribuyen en personas de los 19 años para abajo.
Ecuador se encuentra desde el 16 de marzo en estado de excepción, aunque a finales de mayo comenzó la reactivación más por necesidad económica que por una mejora sanitaria.
La semana pasada el Gobierno anunció que, por disposición judicial, el próximo 14 de septiembre terminará el estado de excepción que iba renovándose primero bimensualmente y después cada 30 días.
Las autoridades ecuatorianas deberán plantearse por ello cómo mantener el distanciamiento social sin la posibilidad de poder establecer un régimen legal especial que permitía medidas como las de restringir la libertad de movimiento y de concentración. EFE
