El expresidente Rafael Correa ha quedado definitivamente apartado de la política de cara a los comicios de 2021, después de que la Justicia de su país desestimara su recurso para anular una sentencia de ocho años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política por cohecho en el caso «Sobornos 2012-2016».
Un tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) consideró que no se produjo ninguna irregularidad en el debido proceso contra Correa y los otros quince sentenciados en el caso, por lo que no cabe la anulación del dictamen.
«Este Tribunal, con base en los artículos 657 numerales 5 y 6 del Código Integral Penal (COIP) declara improcedente los recursos de casación«, dictó la Corte.
Con la sentencia en firme, el exmandatario se ve inhabilitado de participar en los comicios del 7 de febrero próximo, en los que aspiraba a la Vicepresidencia de la mano de Andrés Arauz, un joven salido de las filas de su movimiento Revolución Ciudadana.
PARTÍCIPE INELUDIBLE
El caso «Sobornos» versa sobre una red de corrupción mediante la cual se recibieron «aportes indebidos» en el palacio presidencial de Carondelet, entre 2012 y 2016, para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
Correa, que alega ser víctima de una persecución política por parte de su exaliado y actual mandatario Lenín Moreno, fue condenado en primera (abril) y segunda instancias (julio) por el delito de cohecho como autor mediato.
Una sentencia que estaba pendiente de la casación para que fuera firme e inapelable, al menos en Ecuador, porque el correísmo ha anunciado que recurrirá a organismos internacionales.
Sobre la autoría y participación de los implicados, el tribunal coincidió con el de Primera Instancia sobre que «Correa y (el exvicepresidente) Jorge Glas son considerados como instigadores», es decir, «autores bajo la modalidad de instigación».
«Como líder de Alianza País, con su selecto grupo a su orden afines al Gobierno, la recaudación de valores instigó y aconsejó a Pamela Martínez (otra acusada) para que arme la distribución de los sobornos y el sistema ilícito en una oficina paralela a la Presidencia de la República», agregó hoy el dictamen, de acuerdo a un comunicado de la CNJ.
La corte consideró que el rol de Correa, así como el de su exvicepresidente, que cumple seis años de cárcel por otro caso, fueron decisivos para la trama.
No obstante, el fallo no fue unánime, pues el magistrado Milton Avila, consideró que las penas para autores y cómplices debieron ser menores con base en el artículo 286 del COIP, según indicó Comunicación de la Corte.
Para la fiscal General del Estado, Diana Salazar, artífice del proceso, la sentencia en firme demuestra que «Ecuador ha salido vencedor» y que «la Justicia se está inaugurando en este país».
Salazar quiso dejar «un mensaje claro: Que no importa (si es) desde las más altas estructuras de poder, la ley es para todos. No hay nadie sobre la ley».
ÚLTIMO RECURSO
El tribunal de casación es la última instancia en el país, por lo que el veredicto de este lunes echa completamente por tierra el futuro electoral de Correa en el corto plazo, ya que tras este procedimiento legal la causa queda ejecutoriada.
Tras este dictamen Correa no podrá participar en la vida política de su país durante los próximos 8 años.
«Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia «definitiva» para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular», escribió en redes el exjefe de Estado desde Bélgica, donde reside desde 2017.
Se refería a que otros procesos de casación pueden durar meses y hasta años, pero que en su caso la causa se ha ventilado de forma acelerada para bloquear su inscripción electoral antes del 17 de septiembre.
Correa y sus correligionarios acusan a la Justicia ecuatoriana de una supuesta «politización» y de actuar bajo el influjo del Gobierno liderado por Moreno, quien fue su vicepresidente y se convirtió en uno de sus acérrimos críticos.
Un argumento parecido al esgrimido por el abogado de Glas, Harrison Salcedo, quien en declaraciones a Efe al término de la audiencia consideró que la sentencia era «ilegal» y su objetivo: «Perseguir desde todo momento, proscribir la candidatura política de Rafael Correa (en un) tiempo inaudito».
Mientras se celebraba la audiencia, un centenar de manifestantes se concentraron frente al complejo judicial, la mitad de ellos a favor del exmandatario y la otra mitad en contra.
«Correa, el hombre que atracó al país», decía una de las pancartas del bando anticorreísta, en tanto que estos calificaban a los jueces de «mequetrefes», a la prensa de «corrupta«, y reivindicaban sus diez años de gobierno (2007-2017) en los que dicen que vieron «reconstruir el país». EFE
