La fiscal general, Diana Salazar, consideró este lunes que «todo el Ecuador ha sido vencedor» con la decisión del tribunal de casación de desestimar el último recurso legal del expresidente Rafael Correa y otros 15 implicados en un caso de corrupción.
«El día de hoy no ha ganado la Fiscalía General del Estado, todo el Ecuador ha sido vencedor porque la Justicia se está inaugurando en este país», indicó la fiscal al concluir la audiencia del recurso de casación en la sede de la Corte Nacional de Justicia (CNE).
Salazar, que se afanó en investigar el caso «Sobornos 2012-2016», inicialmente destapado en un reportaje periodístico en abril de 2019, cree que la sentencia pone de manifiesto la imparcialidad de la Justicia.
El caso «Sobornos» versa sobre una red de corrupción mediante la cual se recibieron «aportes indebidos» en el palacio presidencial de Carondelet entre 2012 y 2016, para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
«Que sea un mensaje claro que no importa, desde las más altas estructuras de poder, la ley es para todos. No hay nadie sobre la ley«, valoró.
Frente a los detractores de la labor fiscal y judicial, recordó que una decena de jueces a lo largo de todas las instancias, incluida la última de la Casación, «han confirmado la teoría de Fiscalía» y que el órgano fiscal continuará con su trabajo, «investigando otros casos que ahora ameritan la atención de nuestra institución».
Acerca de la reparación integral a las víctimas de la trama de sobornos, tal y como indicaron las sentencias, indicó que le corresponde a la Procuraduría General del Estado fijarla.
Correa, que alega ser víctima de una persecución política por parte de su exaliado y actual mandatario Lenín Moreno, fue condenado en primera (abril) y segunda instancias (julio) por el delito de cohecho como autor mediato.
Una sentencia que estaba pendiente de la casación para que fuera firme e inapelable, al menos en Ecuador, porque el correísmo ha anunciado que recurrirá a organismos internacionales.
Salazar precisó que «se ha confirmado la existencia de una estructura criminal conformada tanto por funcionarios públicos y por personas privadas, contratistas, que se beneficiaban de la contratación a cambio de entregar sobornos«.
Y que los jueces sentenciaron «como instigadores» a Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, «que a través de su influencia hicieron, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos, esto es, soliciten dinero a los contratistas para poder ellos cumplir sus necesidades del partido».
Con las coimas, los contratistas a cambio obtenían los contratos con el Estado, subrayó. EFE
