EDITORIAL|
Luego de cumplidos con todos los trámites de un proceso judicial, incluido el recurso de casación, se ratificó la sentencia a los involucrados en el caso sobornos, incluido el anterior presidente Rafael Correa. Cuando estuvo al frente del Consejo de Participación Ciudadana Julio César Trujillo, se hicieron importantes cambios en las más elevadas instancia judicial, incluyendo el nombramiento de fiscal. Considerando lo manipulable que era la administración de justicia en el gobierno anterior, esa medida era indispensable y en el más sonado de los casos de soborno en el anterior gobierno que incluye al entonces jefe de Estado, ha habido seriedad y limpieza, lo que renueva la confianza de los ecuatorianos.
En todo gobierno, es esencial la división de poderes con autonomía para tomar decisiones evitando maniobras de quienes controlan el ejecutivo. Lo ocurrido antes, deterioró la credibilidad de los ecuatorianos en la administración de justicia en la que, el ex mandatario, dijo textualmente que iba a meter las manos. Fuimos testigos de decisiones cuestionable y abierta hostilidad contra los que “osaban” pensar diferente del gobernante. Es muy importante esta limpieza y esperamos que, en el futuro, se mantenga y que con procesos y decisiones similares se restituya la confianza en este poder del Estado, esencial en el funcionamiento gubernamental.
Varios de los sentenciados han manifestado que son perseguidos políticos, cantaleta desgastada. Para el adecuado funcionamiento de una sociedad es fundamental que se tomen medidas para capturar y someter a juicios a delincuentes de toda índole. En el caso que comentamos, recibir sobornos mediante cuestionables encomiendas de obras públicas, es una forma de robo del que nadie está exento. Creer y manifestar que por ser políticos están liberados de estas medidas, es absurdo. Quienes ejercen funciones públicas deben cumplir con honestidad plena sus tareas y pretender que en estos casos prime la impunidad, es absurdo.
