OPINIÓN|
La sentencia presentada por el Tribunal de Casación, recaída sobre el expresidente Rafael Correa Delgado, con ocho años de prisión y sobre los demás acusados por cohecho agravado, en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, libera el escenario de la Justicia en el Ecuador y permite la aplicación de las leyes correspondientes, en este insólito acontecimiento registrado en la vida de nuestro país.
Al momento, serán necesarias dos instancias dentro de este proceso: la primera será la actuación de la Interpol para cumplir con la extradición del ex presidente Rafael Correa Delgado, desde Bélgica, a fin de asumir la prisión que le corresponde a él y a sus compañeros de este delito.
La segunda instancia tiene relación con la recuperación de los dineros implicados en este caso de cohecho, que perjudica al Estado ecuatoriano y a todos los ecuatorianos. Todos los procesados deberán cancelar los valores fijados en esta sentencia y, si no lo hacen, caerán en la insolvencia, perderán sus derechos y deberán saldar sus deudas. El Estado tiene el derecho de recuperar aquellos bienes que han sido transferidos a otras personas, con el objetivo de evitar la acción de resarcimiento de parte del Estado y, es así que, el Ecuador entero permanecerá vigilante en este proceso de recuperación de los valores fijados, siendo estas cantidades irrisorias, frente al enorme daño ocasionado al país, en este inédito caso de cohecho, nunca antes registrado en la historia del Ecuador. (O)
