EDITORIAL|
La denuncia presentada estos días sobre un caso de intento de venta de cargos en la Municipalidad de Cuenca debe ser ágilmente investigada por las propias autoridades municipales, independientemente de lo que la justicia tenga que hacer de oficio. El país está dolido por los innumerables casos de corrupción presentados en los últimos años y teme con razón que ese mal ejemplo cunda a los gobiernos locales. Por eso, el mal debe ser cortado de raíz y en forma ágil para que queden precedentes claros. La administración de justicia regular es lenta y parsimoniosa y se toma los tiempos que las normas procesales imponen. Las autoridades en cambio sí pueden tomar medidas preventivas aun cuando sea de carácter temporal mientras se cumplen las acciones judiciales.
La venta de cargos públicos en unos casos o el cobro de porcentajes del sueldo de los empleados, es una práctica que lamentablemente se generalizó durante el gobierno anterior tanto a nivel del ejecutivo como del legislativo. Varios legisladores han sido incluso sancionados con la destitución independientemente de cargos penales que han debido recibir. Los famosos diezmos trataron de justificarse en el régimen anterior alegando que se trataba de contribuciones al partido en el poder. Parte fue así, pero también sirvió para actos de corrupción de funcionarios que explotaban a sus empleados.
Denunciar estos casos es bueno en cuanto, además de dar paso a acciones legales, tiene un efecto pedagógico sobre la ciudadanía para que no caiga en estos engaños. Es también corrupción pagar por un puesto público o dar contribuciones que a la final resultan obligadas por más que se disfracen de aportes voluntarios. Puede tener una explicación que gente desesperada por la necesidad de empleo pague por uno, pero en todo caso no tiene justificación pues en su conjunto estos procedimientos configuran el cuadro de corrupción que tanto mal hace al país.
