Rubén Armijos tiene una casa rentera con 3 departamentos, solo uno de ellos está ocupado y le corresponde a su hijo, los otros dos inquilinos salieron, el primero en abril y el otro este mes. No tenían para cancelar la renta.
Los departamentos de Armijos tiene un costo de 250 dólares, tienen dos cuartos, sala, cocina, comedor y un espacio para la lavandería, se ubican en el sector de Medio Ejido y los construyó con el objetivo de tener un ingreso extra aunque aún paga un crédito que hizo para ponerlos en pie.
“Uno de los inquilinos me quedó debiendo 3 meses, el otro fue sincero y dijo que no tenía para pagarme, les ofrecí bajarles la renta a 200 dólares pero no pudieron cancelar” comenta.
En la ciudad son varios los letreros de propiedades en renta que nadie ocupa, esto a raíz de la crisis económica que llegó con la pandemia.
La reducción de sueldos y los despidos hacen que cada día sean más los que prefieren arrendar espacios más pequeños y menos costosos, o viven con familiares que los acogen mientras logran levantarse.
Patricio Delgado, por ejemplo, arrendaba un departamento de 250 dólares, donde vivía con su esposa y su hijo adolescente.
Ahora la pareja se mudó con el primero de sus hijos, y el menor se pasó al departamento de su hermana mayor.
Delgado trabajaba en una mecánica, pero el taller cerró durante la crisis y aunque ha vuelto a abrir el dueño no lo recontrató.
Su esposa es maestra pero no renovó contrato este año lectivo. Él adquirió una moto y hace entregas, pero el salario no le alcanza para cubrir el arriendo.
Lo mismo sucede en locales comerciales. Klever Freire, quien vende zapatos en el Centro Histórico cerró sus sucursales y los locales siguen sin ocuparse, lo hizo por falta de dinero para mantenerlas.
Hay otros comercios que se han desplazado a zonas menos costosas o que han cambiado su giro de negocio y ahora ofrecen comida preparada o víveres.
Acuerdos
El abogado Santiago Maldonado recuerda que, hasta noviembre, los desalojos están suspendidos por lo que los arrendatarios no pueden sacar a sus inquilinos y deben optar por la mediación.
Recuerda que de acuerdo con la Ley de Apoyo Humanitario los inquilinos deben pagar al menos el 20 % de su renta retrasada para evitar ser sacados del sitio donde viven, y en el caso de los comercios estos requieren demostrar que sus ventas se han reducido en al menos un 30 %.
Reconoce que en la mayoría de casos que han llegado a su despacho el problema se ha resuelto con un acuerdo entre las partes que no necesariamente se sujeta a lo establecido en la Ley, sino a negociaciones que beneficien a ambas partes.
Quienes no logran un acuerdo prefieren reducir el gasto que representa un arriendo en plena crisis económica, lo que llena la ciudad de letreros de ‘Se Arrienda’. (JMM) (I)
