Asociaciones de mineros de Camilo Ponce Enríquez piden a la Corte Constitucional que admita a trámite una Acción Extraordinaria de Protección presentada por la Empresa Nacional de Minería (Enami-EP).
Esto, para evitar que siete concesiones incautadas en el 2012 regresen al poder de compañias que tienen vínculos con los hermanos Isaías.
Una jueza de Guayaquil ordenó desde el año anterior que se reviertan mencionados predios a favor de las compañías representadas por la empresa Oromining S.A.
Aseguran que cerca de 5.000 personas, entre trabajos directos e indirectos, serían afectados en el cantón, cuya economía depende mucho de la minería. (I)