EDITORIAL|
Es una mala noticia el anuncio de la Comisión Nacional Anticorrupción de que ha resuelto retirarse de la veeduría que realizaba a la nominación de los nuevos jueces que deben integrar la Corte Nacional de Justicia. El argumento principal de esta Comisión señala que esta actitud obedece a la falta de información apropiada sobre el concurso, información que debía ser proporcionada por el Consejo de la Judicatura. Es una mala noticia porque el concurso que servirá para nombrar a dieciséis jueces de la máxima instancia de la Justicia tendrá una vez más las sombras que jamás deben estar presentes en un proceso del que depende la integración de ese alto organismo. Los voceros del Consejo de la Judicatura han desmentido el que no se haya proporcionado la información de una manera oportuna.
El país viene de una trágica experiencia en la integración de las diferentes instancias encargadas de administrar justicia. Durante el gobierno anterior el Presidente de la República no tuvo rubor en manifestar que como jefe de estado lo era también de los otros poderes, entre ellos de la función judicial. Meter la mano a la justicia se convirtió en una lacerante realidad. Varios jueces de la Corte Superior fueron nombrados, no por sus méritos sino por su sumisión al ejecutivo. Algunos fueron usados para dictar sentencias contra opositores del gobierno, sentencias que les enviaban redactadas desde el poder central.
Esos tiempos no pueden volver y el actual Consejo de la Judicatura debe dar todos los pasos necesarios con la mayor transparencia posible y despejar cualquier duda sobre la rigurosidad de los concursos. No se está escogiendo a cualquier funcionario público. Se está integrando al máximo organismo de la justicia en el país y quienes lo integran deben ser los mejores de entre los candidatos que se presentan. Recuperar la dignidad y la independencia judicial es una tarea que demanda el apoyo de todos.
