OPINIÓN|
Durante los últimos días, en las principales ciudades del país, se han dado protestas de reclamo al Gobierno por parte de diversos sectores sociales. A saber: proveedores del Gobierno impagos, médicos posgradistas desatendidos, empleados públicos despedidos, Universidades públicas que ven reducido su presupuesto, trabajadores, estudiantes, etc.
Son protestas que develan el malestar social que la política económica del Gobierno, y sus efectos sociales, va generando en distintos sectores poblacionales; un malestar que, desde las esferas oficiales, se pretendería ocultar o neutralizar a través de una campaña publicitaria que daría cuenta de las supuestas bondades de la gestión gubernamental en materia económica y social.
Si bien el Gobierno resalta sus “logros” en la renegociación de la deuda externa, y en la obtención de nuevos créditos internacionales por parte del FMI y de China, dichos “logros” hasta ahora no se han traducido en su oferta de atender de materia prioritaria a ámbitos como el de la salud y la alimentación.
En salud, por ejemplo, todavía subsisten reclamos de trabajadores de varios hospitales públicos por la carencia de los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia del coronavirus; mientras que, de otro lado, alrededor de tres mil médicos posgradistas reclaman por el pago de sus remuneraciones y por la no suscripción de sus contratos. Y todo esto ocurre en un contexto en el cual las unidades de cuidados intensivos de los hospitales están copadas.
En cuanto a la educación, la reducción de los fondos para las Universidades en casi cien millones de dólares, daría cuenta de que esta área de la gestión social tampoco asomaría como prioritaria para el Gobierno. Si bien este ha tratado de justificar esta reducción por la crisis fiscal agudizada por la pandemia; empero, incluso en estas condiciones, no ha dejado de ser prioritaria en la política económica gubernamental el pago puntual (e incluso anticipado en algunos casos) de los bonos de la deuda externa.
En estas condiciones, y si no hay un cambio en las prioridades del Gobierno, el malestar y las protestas sociales continuarán; aunque claro, la cercanía del proceso electoral le favorecería para que dichas protestas no pongan en cuestión su estabilidad. (O)
