Hasta antes de la pandemia, Eduardo Solís pagaba 65 centavos por un viaje de Cuenca a la parroquia Quingeo, pero con la emergencia sanitaria, el pasaje aumentó a 85 centavos. El valor puede incrementar todavía más si el pasajero tiene carga, que por lo general es una constante porque muchas personas que vienen a la urbe es para realizar compras.
El aumento, aducen los administradores de las siete cooperativas que sirven a las parroquias rurales más lejanas de la ciudad, se debe a las consecuencias de la crisis económica que dejó la suspensión de actividades por la COVID-19.
Sin embargo, para la gente que usa a diario el transporte rural es una arbitrariedad el incremento, ya que las comunidades y las cooperativas habían llegado a un acuerdo para mantener un pasaje.
“Al no haber una definición de un tarifario, lo que han hecho las comunidades es ponerse de acuerdo, pero el problema salta a la vista porque se han elevado las tarifas en la pandemia y eso es ilegal”, explicó Diego Morales, concejal rural de Cuenca.
Morales, junto a otros ediles, convocaron a los representantes de las cooperativas a una reunión el 25 de septiembre para hablar sobre el alza y llegar a un acuerdo, pero no se concretó nada.
Sin estudios
Los costos de los pasajes a las parroquias rurales deben ser definidos por el Concejo Cantonal de Cuenca, sin embargo, hasta el momento no hay una ordenanza que regule el precio del servicio.
Ya en el 2012, la Agencia Nacional de Tránsito estableció los precios de los pasajes, y en el 2015 ratificó los costos a través de una resolución, pero para el concejal Morales hay un problema con ello, porque hace ocho años, la ANT entregó las competencias a la EMOV.
A pesar de ello, ni la Empresa de Movilidad ni el Concejo Cantonal ha regularizado los pasajes hacia las parroquias rurales.
“Uno de los problemas que tenemos ahora es que no podemos definir los costos porque no tenemos en qué basarnos. Cada parroquia tiene su característica. El precio hacia Chaucha no puede ser el mismo hacia Quingeo”, dijo Morales.
Para Lauro Pesántez, que tiene una relación estrecha con el transporte rural porque su familia brinda el servicio, es urgente un estudio con el que se pueda decir cuánto constará movilizarse desde el área urbana hacia la rural.
“La única resolución se dio en el 2012 por la ANT, y las cooperativas han llegado a un acuerdo con las comunidades. No hay más. El Municipio tiene que ya contar con un estudio que se necesita desde hace años”, opinó Pesántez.
Debate en el 2021
La EMOV ya entregó un borrador de ordenanza a los concejales rurales para que se analice una tarifa, por su parte la Dirección Municipal de Gestión de Movilidad se ha comprometido para que en el Plan Operativo Anual (POA) del próximo año se incluya el estudio de los valores que deberían cobrar las cooperativas.
Tanto con el borrador como con el estudio, en el 2021 el Concejo Cantonal podrá debatir y fijar una ordenanza que, para Diego Morales, será tratada con urgencia por sus compañeros ante la situación del transporte rural.
Hasta entonces, los valores actuales quieren ser mantenidos por las cooperativas. (I)
