Por Andrea Salazar
La vida de Jesús Jetacama no volvió a ser la misma a partir del 30 de septiembre del 2010, hace exactamente una década, cuando una protesta de sus compañeros se volvió en su contra sin explicación y le llevó a la cárcel por 6 años, aunque inicialmente recibió una sentencia de 12 años por intento de magnicidio, es decir intento de asesinato del expresidente Rafael Correa.
Hace 10 años Jesús Jetacama cumplía su guardia en la Unidad Policial de Ponceano, en el norte de la capital, a 20 kilómetros del Regimiento Quito, lugar de la protesta; jamás habría podido ejecutar el delito que le imputaron desde esa distancia, eso se demostró en las audiencias en las que fue procesado, pero los jueces ignoraron las pruebas y dictaron sentencia en su contra y de cinco más de sus colegas, al menos a dos jamás se les comprobó su presencia en el sitio donde se realizó el supuesto delito.
Después vinieron los ofrecimientos, un funcionario de la Presidencia buscó a los seis procesados, les ofreció el indulto presidencial, solo tenían que declararse culpables, pedirle perdón a Correa y culpar al expresidente Lucio Gutiérrez de orquestar el intento de golpe de Estado; a cambio serían enviados al consulado en Estados Unidos o Europa de su preferencia, con becas para sus hijos y garantía de seguridad para su familia. Ninguno aceptó el ofrecimiento, fueron a prisión.
Fue apenas en marzo del año pasado que lograron la prelibertad, por la gestión de la Asociación de Víctimas del 30-S, liderada por Óscar Ayerve, quien emprendió esta iniciativa pues también se considera un perseguido político de Rafael Correa.
La mencionada Asociación registra un total de 187 casos de éxito en los que los policías fueron puestos en libertad tras obtener la prelibertad o ser declarados inocentes. Además, tienen pendientes 38 casos en la Corte Nacional de Justicia en los que, según Ayerve existen pruebas contundentes para ser declarados inocentes.
“El poder correísta subestimó nuestra perseverancia y capacidad de lucha, aunque falta mucho por hacer”, dijo Ayerve, quien señaló que 1.550 personas fueron procesadas por lo ocurrido ese día, además que dos militares, dos policías y un civil fueron asesinados, solo el caso de Froilán Jiménez se está investigando e involucraría a cinco miembros de la excúpula militar.
Lo que empezó como una protesta policial en contra de la Ley de Servicio Público, que retiraba condecoraciones y bonos a los uniformados, también le cambió la vida a César Carrión, exdirector del hospital de la Policía Nacional y actual asambleísta del movimiento CREO, pues pese a que tras varios intentos por llevarlo a prisión fue declarado inocente, tuvo que dar fin a su carrera policial de forma “voluntaria-obligatoria” al no resistir el acoso mediático al que lo sometió el Gobierno. Actualmente espera respuesta a su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulneración de sus derechos.
Su error, haber dado declaraciones a un medio de comunicación internacional en las que señaló que el presidente Correa nunca estuvo secuestrado, en lo cual se ratifica. Fue acusado de bloquear el paso del exmandatario al centro médico. (I)
