OPINIÓN|
En la sociedad democrática las funciones del Estado se distribuyen entre los organismos que administran el poder público. Al efecto ya se ha comentado la recuperación de la probidad judicial. Punto decisivo para la vida social.
En estos días de progresiva restauración del Estado de Derecho, la Asamblea pretende fiscalizar a los ministros de Finanzas y de Gobierno, desde luego es su facultad, pero se deben ponderar las decisiones y sobre todo actuar con lealtad cívica, los ministros en sus áreas respectivas han cumplido un papel importante. Puede haber diferencias de criterio sobre su gestión, sin embargo es indudable que el proceso de negociación de la deuda internacional es beneficioso al interés del Ecuador, la línea de gestión para financiar los costos de la pandemia es objetivamente viable. La gestión del ministerio de gobierno es sumamente prolija, desde el control necesario para mitigar y superar las crisis concurrentes causadas por la pandemia hasta el necesario control de los conflictos como el de octubre del 2019. Luego resulta un gasto innecesario de energía y de tiempo, dar paso a estas acciones fiscalizadoras que en nada contribuyen a la solidez de la institucionalidad democrática.
En la materia de legislación, el proyecto de Salud vetado por el ejecutivo, debía centrar su punto esencial en la protección de la Vida como derecho fundamental de la sociedad. Estimo que la contradictoria visión de este tema, entre otros factores, ha determinado que el Presidente de la República haya tomado su decisión con la entereza que el caso así lo amerita. (O)
