EDITORIAL|
El veto total impuesto por el Presidente de la República al Código Orgánico de la Salud ha generado un agrio debate entre quienes apoyan al proyecto y quienes han presentado sus reparos. La primera observación que cabe es que este proyecto ha durado nada menos que ocho años en el poder legislativo. El segundo comentario que se ha hecho es que la aprobación por una Asamblea desprestigiada le restó validez a un cuerpo legal que por su misma naturaleza se presta a confrontaciones. Finalmente, y entre las observaciones principales se ha manifestado que el proyecto es un retazo mal unido formal y conceptualmente, que ha dado como resultado un texto con graves defectos que incluyen faltas ortográficas, más allá de los temas de fondo.
En síntesis, una mala labor legislativa que trató casi al final de reparar en algo la mala imagen que tienen los legisladores, dentro de los cuales más de sesenta tienen problemas legales, según expresó el propio Presidente de la Legislatura. Desgraciadamente y por tazones coyunturales el debate ante el gran público sobre este Código se redujo a la discusión sobre aborto. La disputa- agría con frecuencia- entre quienes defienden el aborto y quienes están en contra, llevó a una simplificación excesiva del debate dejando de lado temas importantes de la salud pública que son los realmente prioritarios en este momento.
La pandemia dejó en claro que nuestro sistema de salud es tremendamente débil y propenso a la corrupción. El derecho a la salud solamente existe en los papeles pues es evidente que está negado a las grandes mayorías. En buena parte de los casos se ha vuelto un privilegio para muy pocos que tienen recursos económicos. Un Código apropiado para atender la salud de la gente especialmente de quienes menos recursos tienen, es lo que el país requiere. El debate no puede y no debe centrarse solamente en temas como el aborto o las consignas de grupos radicalizados.
